Deudas públicas y salud privada

Los prestadores privados de salud, y detrás de ellos los más de 10 millones de beneficiarios de Fonasa e isapre que se atienden en ellos, enfrentan hoy un importante riesgo por el polémico fallo de la Corte Suprema que, de aplicarse sin cambios, obligaría a su principal financiador, la industria de isapres, por una parte, a una devolución de dineros que se estima en unos US$ 1.400 millones y, por otra, a una disminución permanente en sus ingresos mensuales promedio de 8%, lo que, en la práctica la tornaría inviable.

A este aún incierto escenario se agrega otro muy concreto, que es la cuantiosa deuda de diversos actores con las clínicas privadas, y que también pone en riesgo su vigencia operacional, dado su monto y la falta de seguridades respecto de su eventual pago. Las propias isapres mantienen pasivos por cerca de $ 500 mil millones, los que si bien han tendido a disminuir, se contrastan con los más de $300 mil millones que adeuda Fonasa, dentro de los cuales se encuentran $200 mil millones provenientes de los servicios de salud por atenciones de ley de urgencia con antigüedad de más de seis meses.

Parece crucial tener a la vista la limitada capacidad estatal para hacer frente a sus compromisos sanitarios y financieros.

En momentos en que se discute ampliar el rol del Estado en materia de salud -ese es el fondo de las acciones y propuestas que impulsa el Gobierno-, y considerando el drama de las listas de espera en el sistema público (según el Minsal, más de 10 mil personas fallecieron esperando una atención médica durante el primer cuatrimestre del año), parece crucial tener a la vista la limitada capacidad estatal para hacer frente a sus compromisos sanitarios y financieros.

Las clínicas alegan que la Dirección de Presupuestos no se ha hecho cargo de dar una respuesta en montos y plazos razonables por lo que adeuda Fonasa a través de los distintos servicios públicos de salud. Dado que la reforma al Fonasa del Gobierno, presentada en el contexto de la ley corta de isapres, contempla la creación de una nueva modalidad de atención (“Modalidad de Cobertura Complementaria”) para recibir una masiva migración de beneficiarios de isapre al sistema público, los evidentes problemas de éste para ordenar sus cuentas y para garantizar una atención oportuna hacen pensar que el bienestar en salud de la población sólo puede empeorar.