Cambio climático y acceso al agua en Chile
Por Antonio Rubilar, socio líder de derecho público y recursos naturales de Albagli Zaliasnik (az)
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Por Antonio Rubilar, Socio líder de Derecho Público y Recursos Naturales de Albagli Zaliasnik (az)
Nuestro país acaba de dar un importante paso. El pasado 3 de diciembre se publicó el Reglamento de Sistemas de Información sobre Cambio Climático, el cual establece la creación de una infraestructura para el acceso, gestión y participación ciudadana en temas de cambio climático. De esa forma, su objetivo principal es que el sector público entregue información de calidad y de forma continua, respecto del avance de nuestro país en este aspecto.
Entre los principales elementos de esta nueva normativa se encuentran el establecimiento de un Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana, para facilitar la disponibilidad y comprensión de datos climáticos para todos los ciudadanos, promoviendo una toma de decisiones participativa e informada. Esta herramienta contará con un Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, una Plataforma de Adaptación Climática, entre otros elementos fundamentales para el conocimiento y acción por parte de la ciudadanía en un aspecto tan relevante como la problemática que enfrentamos en términos medioambientales.
Sin embargo, aunque esta es una noticia muy positiva, para realmente avanzar, es fundamental poner foco en uno de los principales efectos del cambio climático en nuestro país: la crisis hídrica. Como consecuencia del cambio climático, el acceso al agua dulce es progresivamente más escaso, por lo que se privilegia cada vez más para consumo humano. Esto está teniendo un importante impacto en diferentes sectores económicos, como la agricultura o la minería.
En ese sentido, entre los principales desafíos para enfrentar este escenario está la permisiología. En Chile los proyectos demoran mucho en llevarse a cabo debido a la cantidad de permisos que deben obtener las empresas para avanzar. Y, en el contexto del cambio climático, es necesario realizar proyectos de desalación, que permitan darle agua a la minería, a la agricultura, y en algunos casos, como ha ocurrido, por ejemplo, en Antofagasta, para el consumo humano.
Estamos muy atrasados como país. Este cambio ya se debiera estar produciendo. Sin embargo, se está avanzando con algunas medidas. Por ejemplo, actualmente se está trabajando en proyectos para alivianar la permisiología, algo fundamental para entregar a los privados certezas para invertir. En la medida en que se siga profundizando en esto y haya un plan de desarrollo regional vinculado a la desalación, la principal consecuencia del cambio climático en nuestro país podría tener solución.
En ese contexto, el reglamento que se acaba de aprobar es un gran avance, ya que impulsa justamente el principal aspecto que debemos desarrollar para avanzar: la colaboración entre toda la sociedad: la ciudadanía, el sector público y privado. Es de esperar que el nuevo sistema que se creará se convierta en una herramienta para contar con la información necesaria para tomar acciones necesarias para enfrentar la crisis hídrica y todos los efectos que está teniendo el cambio climático en nuestro país.