Aplicaciones de reparto y transporte: cuando la regulación llega tarde (y mal)

El inicio de un proceso constituyente -más allá de lo que en definitiva quede o no en la Constitución- puede ser una oportunidad propicia para plantearseuna forma de solucionar el notable desfase que suele advertirse entre los proyectos tecnológicos que impulsan nuevos emprendedores, por un lado y la regulación que les resulta aplicable, por el otro.

Se trata de que la regulación marche a la par con estos proyectos, reduciendo las incertezas normativas que a diario enfrenta la innovación, desincentivando a nuevos emprendedores y a quienes están dispuestos a contribuir a financiarlos.

Un ejemplo elocuente que da cuenta del problema de una regulación -o ausencia de ella- que se exhibe como freno al desarrollo tecnológico y a la innovación se manifiesta en las aplicaciones de delivery que operan en nuestro país (Cabify Envíos, Uber Eats, Pedidos Ya, Cornershop, Rappi, entre otras).

Así, la primera pregunta del emprendedor que quiere participar en este tipo de mercado será, ¿cuáles son las reglas del juego? La respuesta la encontramos en el Título V, del Libro II del Código de Comercio, que regula el transporte por tierra, lagos, canales o ríos navegables. Esa regulación data del año 1865, lo que evidencia que en parte alguna recoge los avances tecnológicos y se encuentra desactualizada.

Otra manifestación del problema planteado la hallamos en el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que por su intermedio se presten, más conocida como "Ley Uber".

Es evidente que la llegada a nuestro país de las aplicaciones tecnológicas destinadas al transporte de pasajeros modificó sustancialmente nuestra forma de movernos, revolucionando ese mercado. Fuimos testigos de cómo el monopolio creado por la regulación se opuso fuertemente a su entrada en Chile. Sin embargo, hoy nadie duda de sus beneficios, siendo quizás el más importante la fuente de trabajo que han representado para muchísimos miembros de nuestra comunidad que, impedidos de encontrar trabajo o habiéndolo perdido, encontraron una fuente virtuosa de ingresos.

Solamente en Chile, son 300 mil los "socios conductores" de Didi, 100 mil de Uber y 55 mil de Cabify.

Si examinamos los casos de Cabify y Uber, recordemos que llegaron a Chile en 2012 y que en los años posteriores se sumaron otras compañías del mismo rubro, ¿Y qué pasó con la regulación? Solo el 20 de julio de 2018, y como reacción a las protestas, muchas veces violentas, de los gremios interesados, se presentó el correspondiente proyecto de ley.

Con todo, de aprobarse el proyecto de ley indicado, no se zanjarán las incertidumbres de los emprendedores, conductores y usuarios, puesto que como lo indica su mismo texto, se crearía un "Comité de Expertos" que definirá cuestiones clave como las características de los vehículos que podrán prestar el servicio y la cantidad de kilómetros que pueden recorrer, entre otros.

En el ejemplo propuesto, advertimos que la regulación no ha sido consensuada en más de ocho años y, debido a la variación del mercado y las necesidades de los clientes, hoy esas aplicaciones tecnológicas también prestan los servicios de delivery, por lo que cuando se apruebe el proyecto, tal normativa ya estará desactualizada y quizás obsoleta.

La continua evolución de la tecnología, de la innovación y de los emprendimientos obliga a preguntarse, ¿no será mejor reemplazar la técnica legislativa de la "reacción" por una de "anticipación"? Los emprendedores, innovadores, científicos, desarrolladores, entre otros, necesitan un marco regulatorio que les fije, de manera precisa y clara, sus derechos y obligaciones respecto a sus creaciones, desarrollos y similares.

En el derecho comparado, para las industrias Fintech e Insurtech se ha acuñado el concepto del "sandbox regulatorio", el que puede conceptualizarse como un espacio de prueba para nuevos modelos de negocios que no cuen- tan con una regulación vigente; un lugar de prueba con límites claros, los de la "caja de arena". En definitiva, un modelo que nuestro país podría seguir a fin de reducir las incertidumbres regulatorias.