Violencia en el sur: el Gobierno sin brújula
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El actual Gobierno inició su mandato comprometiendo el fin del estado de excepción en la Macrozona Sur, calificándolo como una medida fallida de su antecesor -adoptada, hay que recordarlo, en las postrimerías de su gestión- y asegurando que eran necesarios otros enfoques para detener la escalada de violencia. A poco andar cambió de parecer y ha vuelto a pedir al Congreso extender la medida en varias ocasiones, y la misma ministra del Interior que antes la criticaba -y que fue recibida a balazos en su primera visita a la zona, en un hecho cuya gravedad ella minimizó de forma incomprensible-, hoy celebra su efectividad para reducir el número de ataques.
La escasa efectividad de la justicia se combina con la ausencia de una estrategia del Ejecutivo, en detrimento de las víctimas.
Es evidente, sin embargo, que la falta de una política integral para enfrentar al terrorismo en el sur convierte el estado de excepción, en el mejor de los casos, en una medida “parche”. Los ataques contra personas y propiedades siguen ocurriendo con alarmante frecuencia a pesar de ella, y a fines de julio ya se habían superado los cometidos en 2021. Todo indica que el mayor control en carreteras ha hecho disminuir los atentados contra camioneros, por lo que ahora los incendios de empresas y viviendas han cobrado protagonismo.
La falta de seguridad y la impunidad se hacen evidentes de muchas formas. Por ejemplo, las empresas encargadas de extender la fibra óptica a todo el país han citado a la violencia en el sur como un motivo clave para el retraso en las obras; en cuanto a las usurpaciones de terrenos, un estudio del Observatorio Judicial concluyó que apenas el 1% de las causas por ese motivo (162 en cuatro regiones) resultaron en condena entre 2018 y 2021.
La escasa efectividad de la justicia se combina con la ausencia de política del Ejecutivo, el cual ha ido desde hablar de un “win-win” para las forestales, a no querellarse contra el líder de la CAM por sus incitaciones a la violencia armada (decisión luego revertida). Mientras en La Moneda no exista un diagnóstico acertado de la situación, o incluso la voluntad de establecerlo, la solución “parche” será la única opción posible, pero el problema de fondo persistirá, en detrimento de un siempre creciente número de víctimas.
