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Alto contraste
Así como el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales informa que el organismo carece de fondos para cuidar el patrimonio, el intendente de Santiago anuncia que solicitará aportes a los privados para solventar parte de la restauración del patrimonio destruido por el terremoto. Ambas noticias muestran que la institucionalidad que resguarda las obras patrimoniales es ineficiente y que, por ello, no existe más alternativa que recurrir a préstamos internacionales o a aportes privados para su conservación.
Este lamentable panorama se explica porque el Estado, pese a reconocer que un determinado bien es valioso para la sociedad -razón por la cual es objeto de una declaratoria de patrimonio-, no provee los fondos para su conservación y le transfiere al propietario un conjunto de exigencias y limitaciones que convierten este privilegio en un verdadero gravamen.
De ahí que sea necesario cambiar la lógica con la que se ha gestionado esta materia. Por ejemplo, debiera permitirse que múltiples actores puedan solicitar que un bien sea declarado de interés patrimonial. Sin embargo, esta petición tendría que ser analizada por un único organismo que defina fundadamente si es o no procedente. También sería positivo que se dictara una ley de donaciones específica para los monumentos nacionales de propiedad privada, que permitiera a empresas y personas aportar recursos a los propietarios de estos bienes para financiar obras de mantención, rehabilitación o reconstrucción, aun cuando quien reciba la donación desarrolle actividades comerciales en el inmueble. Convendría establecer otros beneficios tributarios, como un crédito a favor de los contribuyentes que ejecuten obras de conservación de inmuebles patrimoniales, ya sea que éstos se utilicen o no para actividades con fines de lucro; permitir a las empresas deducir de la renta bruta los gastos de restauración y mantenimiento del bien patrimonial en el que desarrollan su actividad; y eximir del pago de contribuciones a los inmuebles patrimoniales de propiedad privada. Esta podría ser la única manera de rescatar al patrimonio de la institucionalidad que hoy lo tiene sobreviviendo a duras penas.
Este lamentable panorama se explica porque el Estado, pese a reconocer que un determinado bien es valioso para la sociedad -razón por la cual es objeto de una declaratoria de patrimonio-, no provee los fondos para su conservación y le transfiere al propietario un conjunto de exigencias y limitaciones que convierten este privilegio en un verdadero gravamen.
De ahí que sea necesario cambiar la lógica con la que se ha gestionado esta materia. Por ejemplo, debiera permitirse que múltiples actores puedan solicitar que un bien sea declarado de interés patrimonial. Sin embargo, esta petición tendría que ser analizada por un único organismo que defina fundadamente si es o no procedente. También sería positivo que se dictara una ley de donaciones específica para los monumentos nacionales de propiedad privada, que permitiera a empresas y personas aportar recursos a los propietarios de estos bienes para financiar obras de mantención, rehabilitación o reconstrucción, aun cuando quien reciba la donación desarrolle actividades comerciales en el inmueble. Convendría establecer otros beneficios tributarios, como un crédito a favor de los contribuyentes que ejecuten obras de conservación de inmuebles patrimoniales, ya sea que éstos se utilicen o no para actividades con fines de lucro; permitir a las empresas deducir de la renta bruta los gastos de restauración y mantenimiento del bien patrimonial en el que desarrollan su actividad; y eximir del pago de contribuciones a los inmuebles patrimoniales de propiedad privada. Esta podría ser la única manera de rescatar al patrimonio de la institucionalidad que hoy lo tiene sobreviviendo a duras penas.
