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El Ministerio de Medio Ambiente, a partir de información previamente consolidada en conjunto con la Universidad de Chile, detectó la existencia de un cuadro de dispersión normativa de gran envergadura, el cual para efectos prácticos supone una suerte de caos normativo que obliga a las empresas a destinar ingentes recursos y esfuerzos a la hora de evaluar y empujar nuevos proyectos de inversión con impacto ambiental.
De acuerdo con los datos recopilados por la entonces Conama y la Universidad de Chile, en el país hay unas 1.500 normativas -entre leyes, decretos, resoluciones, decretos exentos- que afectan al sector, muchas de las cuales se superponen entre sí o que, con el correr del tiempo, han sufrido modificaciones o derogaciones parciales. En la práctica esta situación no hace sino abrir espacios de discusión y confusión que complejizan el proceso ejecución de los proyectos de inversión, en especial habida cuenta que el entorno se ha vuelto más inestable, con comunidades y grupos ambientalistas altamente sensibilizados y propensos a judicializar las discusiones. Dado eso, un contexto normativo confuso sólo contribuye a agregar incertidumbre y, eventualmente, dilatar los avances de las citadas inversiones.
La tarea en que se ha embarcado el Ministerio de Medio Ambiente, y que espera cristalizar hacia el segundo semestre en un informe consolidado de las normas obsoletas o duplicadas, supone una faena titánica que vale absolutamente la pena realizar porque puede tener alcances significativos para el país. Uno de los grandes desafíos que tiene Chie en su objetivo de promover la iniciativa privada supone retirar obstáculos a los agentes económicos que arriesgan capital en la creación y consolidación de proyectos. Hasta ahora los resultados , como han señalado las autoridades, se han expresado en avances legislativos que acortan los plazos de creación de empresas, los que incluso se espera llevar a mediano plazo a ocho días. Sin embargo, esa aproximación sirve de poco si quienes dan forma a la trama empresarial del país sufren a diario y son víctimas de esta insólita maraña normativa.
Es de esperar que en este esfuerzo que se ha embarcado el Ministerio de Medio Ambiente cuente con el apoyo de las carteras y reparticiones involucradas, tanto por la relevancia que tiene este trabajo de consolidación para un mejor funcionamiento del sistema de toma de decisiones empresarial como por lo fundamental que resulta que este relativamente nuevo ministerio consolide una presencia robusta en la sociedad, con espacios de acción bien delimitados.
De acuerdo con los datos recopilados por la entonces Conama y la Universidad de Chile, en el país hay unas 1.500 normativas -entre leyes, decretos, resoluciones, decretos exentos- que afectan al sector, muchas de las cuales se superponen entre sí o que, con el correr del tiempo, han sufrido modificaciones o derogaciones parciales. En la práctica esta situación no hace sino abrir espacios de discusión y confusión que complejizan el proceso ejecución de los proyectos de inversión, en especial habida cuenta que el entorno se ha vuelto más inestable, con comunidades y grupos ambientalistas altamente sensibilizados y propensos a judicializar las discusiones. Dado eso, un contexto normativo confuso sólo contribuye a agregar incertidumbre y, eventualmente, dilatar los avances de las citadas inversiones.
La tarea en que se ha embarcado el Ministerio de Medio Ambiente, y que espera cristalizar hacia el segundo semestre en un informe consolidado de las normas obsoletas o duplicadas, supone una faena titánica que vale absolutamente la pena realizar porque puede tener alcances significativos para el país. Uno de los grandes desafíos que tiene Chie en su objetivo de promover la iniciativa privada supone retirar obstáculos a los agentes económicos que arriesgan capital en la creación y consolidación de proyectos. Hasta ahora los resultados , como han señalado las autoridades, se han expresado en avances legislativos que acortan los plazos de creación de empresas, los que incluso se espera llevar a mediano plazo a ocho días. Sin embargo, esa aproximación sirve de poco si quienes dan forma a la trama empresarial del país sufren a diario y son víctimas de esta insólita maraña normativa.
Es de esperar que en este esfuerzo que se ha embarcado el Ministerio de Medio Ambiente cuente con el apoyo de las carteras y reparticiones involucradas, tanto por la relevancia que tiene este trabajo de consolidación para un mejor funcionamiento del sistema de toma de decisiones empresarial como por lo fundamental que resulta que este relativamente nuevo ministerio consolide una presencia robusta en la sociedad, con espacios de acción bien delimitados.
