Visión política y administrativa

En noviembre, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) publicará un estudio respecto de cómo se acelerará la salida de las centrales a carbón a 2030, apuntando a que Chile llegue a operar con una matriz eléctrica 100% renovable a esa fecha. Para ello, el organismo determinará diversas condiciones habilitantes o escenarios base para el retiro y/o reconversión de las 17 carboneras aún en funciones.

A abril de 2024 ya habían salido del sistema 1.700 MW de capacidad instalada en carbón, mientras que las renovables explicaban cerca del 32% de la energía y concentraban el 71% de la participación instantánea de potencia a la hora de máxima penetración durante 2023. Se espera que el estudio del Coordinador detalle tanto las inversiones requeridas e infraestructura de transmisión, nueva capacidad instalada en energía solar y eólica, así como los sistemas de almacenamiento con baterías que permitan el despacho, principalmente en horarios nocturnos o de madrugada. De acuerdo con cifras preliminares, se proyecta que la construcción de nuevas centrales solares y eólicas, junto con baterías y almacenamiento, implicarán una capacidad instalada de 15.000 nuevos MW. Sin estas inversiones, el proceso de retirada de las carboneras para 2030 sufriría retrasos.

La transición energética requiere un compromiso firme para aprobar los permisos necesarios, así como de un fast track para proyectos verdes.

Hasta ahora, el escenario es promisorio, considerando la recuperación de las centrales hidroeléctricas y el mayor aporte al sistema de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), que pasaron de una participación de 3% del total de la producción del sistema eléctrico en 2020, a 5,5% en 2023. Pero no es suficiente. Las centrales eólicas en construcción aportarán 1.900 MW y se requiere una capacidad adicional de 5.100 MW para 2030, lo que exige un marco normativo claro, que garantice la viabilidad y agilización de estas inversiones, sin obstáculos regulatorios.

En este contexto, la coherencia entre la voluntad política y la capacidad administrativa es crucial. Hemos sido testigos de descoordinaciones, como el reciente cierre anticipado de la Central de Bombeo Paposo, que reflejan señales contradictorias que afectan al sector. La transición energética acelerada requiere un compromiso firme para aprobar los permisos de almacenamiento necesarios, así como la consideración de mecanismos como un fast track para proyectos de energías renovables. Las decisiones regulatorias deben enfocarse en desatar los nudos críticos y ofrecer certezas jurídicas para fomentar la inversión y asegurar el cumplimiento de los compromisos de descarbonización. Estas iniciativas no solo contribuyen a la transición energética, sino que también impulsan la creación de empleos verdes y activan una cadena de valor sostenible, lo que representa una oportunidad económica y estratégica que Chile no puede darse el lujo de perder.