Una baja de la confianza en Chile
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No deja de ser llamativo que Chile sea castigado en su calificación crediticia no porque lo que hace, sino por lo que no es capaz de hacer: en vista del escaso consenso político, se atrasan las políticas públicas que puedan impulsar el crecimiento de la economía y fortalecer la posición fiscal del país. En consecuencia, la agencia S&P bajó la nota de Chile desde estable a negativa. Entre las reformas que no avanzan por falta de acuerdo político, lo que terminan trabando el crecimiento, la agencia analiza el cambio constitucional, las reformas a las pensiones y los impuestos, y distintas regulaciones.
El Gobierno pide acuerdos amplios en torno a reformas de fondo, pero no dice que su agenda no ha logrado concitar dichos acuerdos.
Si bien el Gobierno hace el suyo, a través de la reacción del ministro de Hacienda, el llamado a alcanzar acuerdos amplios en torno a cambios institucionales como los mencionados, no menciona que la agenda del propio Ejecutivo no ha logrado concitar dichos acuerdos, como ha sido claro en impuestos, pensiones y salud.
Lo cierto es que la inclusión del crecimiento entre las prioridades que enumera el Gobierno es algo reciente, y sólo reiterados llamados de atención materializados en estadísticas de crecimiento, empleo, inversión, productividad, etc., consiguieron que el Ejecutivo repusiera, al menos discursivamente, al crecimiento en la agenda. Esto, tras un énfasis inicial preferente en aumentar la recaudación tributaria y el gasto público como principal objetivo (y responsabilidad) del Estado en materia de política social y estrategia de desarrollo.
Como lo consignó este diario, un amplio espectro de economistas y expertos considera una mala noticia que Chile descienda en un índice como el de S&P. Más aun cuando ello no obedece a causas estructurales sobre las que el país no puede actuar, sino más bien a problemas y errores en su sistema político para generar gobernanza y decisiones públicas, los cuales se arrastran por una década y más.
El próximo proceso constitucional ofrece una oportunidad de poner fin a una de las causas de falta de acuerdo a nivel político como ciudadano. Es de esperar que se aproveche.
