La discusión política se ha concentrado en los potenciales efectos negativos de las reformas tributaria y educacional, mientras está pasando bastante inadvertida la discusión de la llamada Ley Corta de Puertos, cuyo daño puede llegar a ser potencialmente mucho mayor al de las otras dos reformas, ya que afecta el corazón de la estrategia de desarrollo de nuestro país en las últimas tres décadas: nuestro comercio exterior. De aprobarse el proyecto en su redacción actual, sería difícil que se lograra que el crecimiento fuera de “menos a más”, como intentan lograr las autoridades.
No se trata solamente del establecimiento de un impuesto discriminatorio, ineficiente y con visos de inconstitucionalidad para pagar una deuda jurídicamente inexistente. De mucho mayor gravedad aún es la posibilidad de parar por completo los puertos durante 1,5 horas al día (media hora por turno), lo cual al sumarse los tiempos de desplazamiento y de paralización e iniciación de faenas, significa cerca de 4,5 horas de productividad perdida al día, es decir una caída en torno a un 20% de la misma. Inevitablemente esta menor productividad tendría efectos directos e indirectos en el PIB no menores.
Sin embargo, el daño potencial no termina ahí, ya que los trabajadores portuarios estarían obteniendo, a través de presiones ilegítimas, condiciones laborales en términos de jornada que no existen en otros sectores productivos, por lo que se sentaría un precedente en extremo complejo para toda la actividad productiva nacional. Es de gran importancia tomar conciencia de estos daños, mientras aún estemos a tiempo de evitarlos.