Un compromiso con la ética y la honestidad

a Convención Constitucional enfrenta un momento complejo debido al caso del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien confesó no padecer cáncer como sostuvo durante años, pese a que su lucha contra esa enfermedad -y las dificultades económicas para pagar un tratamiento- ha sido el leitmotiv sobre el cual construyó su figura pública durante las convulsiones del 18-O, su candidatura constituyente y finalmente su acceso al cargo de vicepresidente de la mesa.

Ante una falta ética de ese calibre -que no sólo traiciona la confianza de sus votantes y aliados políticos, sino que usa políticamente el dolor de todos los enfermos de cáncer- la directiva de la Convención se ha mostrado ambivalente. Por un lado, ha presentado antecedentes a la Fiscalía por el delito en que podría haber incurrido el convencional al aseverar en su declaración de intereses que su deuda bancaria se debe a un inexistente tratamiento de quimioterapia. De haber una responsabilidad penal, sin duda debe exigirse.

Pero por otra parte, la mesa ha sido reacia a condenar en términos inequívocos la falta a la verdad del convencional, alegando que “hay una situación humana de por medio”, en alusión a su enfermedad (aún no revelada). Lo cierto es que lo sucedido demanda una actitud más firme, sobre todo porque van surgiendo otras sospechas de conductas posiblemente reñidas con la ética, además de episodios que dejan en evidencia un sesgo intolerante, e incluso autoritario, en las actuaciones de un grupo importante de convencionales.

Estas y otras situaciones -como la solicitud de un nuevo suplemento de recursos por más de $ 2 mil millones- arriesgan ir minando la credibilidad de la Convención como el espacio de “renovación política” y “nuevas prácticas” que prometieron sus impulsos. En esa promesa descansan muchas de las expectativas que los ciudadanos han depositado en este proceso.

Un primer paso para validar esa confianza sería condenar sin rodeos ni matices la mentira. No debería ser tan difícil.