Tres meses es mucho tiempo

El directorio de La Polar actúa correctamente al transmitir al mercado su interés por tomar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad de la empresa. Demasiados agentes -desde particulares hasta institucionales- tienen patrimonio involucrado en esta firma y los tres meses que, a juicio de los directores, deberán transcurrir para conocer la real dimensión de la deuda impaga, aparece a todas luces como un plazo excesivo. Pocas cosas provocan más daño al mercado que la incertidumbre.

El desconocido origen de la cifra de entre $ 150 mil a $ 200 mil millones estimada por la compañía como rango de provisiones adicionales requeridas, sumado al anuncio inicial de que el plazo para precisar este rango sería de tres semanas, ha significado un duro golpe para la credibilidad de las cuentas de la empresa y, de paso, ha repercutido también en la confianza de los inversionistas sobre la industria en su conjunto. Por lo mismo, además de las acciones destinadas a despejar el futuro de La Polar, resulta clave determinar el origen de la situación que presenciamos, así como las responsabilidades involucradas.

No es lo mismo que, en el marco de la investigación, aparezcan señales de que estamos frente a acciones fraudulentas desarrolladas por algunos integrantes de la empresa, a que -finalmente- no sea más que una política corporativa que posibilitaba la renegociación inconsulta a clientes morosos. Aunque parezca obvio, no está demás recordar que, además de las responsabilidades fiscalizadoras, hay que apuntar a quienes efectivamente se enriquecieron con este modo de operar.

El prestigio del mercado financiero chileno está en juego.