Transición energética, ¿compromiso real?

Las tendencias mundiales y el sentido de urgencia que se le ha dado a la acción climática permiten prever una creciente demanda por soluciones más eficientes y amigables con el medio ambiente. Muchos países se han comprometido con la carbono neutralidad, con énfasis en la creciente electrificación -con amplio protagonismo de las energías renovables-, la electromovilidad, las baterías de almacenamiento y el hidrógeno verde.

En este escenario de transformación, son críticos recursos como el cobre, el litio, el hidrógeno verde y las tierras raras. Latinoamérica, en general, y Chile, en particular, tienen ante sí una oportunidad extraordinaria, pues como nunca sus ventajas comparativas se alinean con los intereses del mundo en la transición hacia una economía sostenible. Bien podrían desaprovecharla.

Como nunca las ventajas comparativas de Chile y América Latina se alinean con el interés mundial por transitar hacia una economía sostenible.

En nuestro país, gran parte del énfasis este año estuvo en aumentar el royalty al cobre, pese a las advertencias del riesgo para la competitividad. En el caso del litio, las conversaciones han girado en torno a una cuestionada Política Nacional del Litio que privilegia la participación del Estado en desmedro de la iniciativa privada. En cuanto a las tierras raras, el primer y único proyecto de inversión en Chile ha sido rechazado ya dos veces (la segunda, por cinco árboles naranjillo que pudieron haber sido fácilmente atendidos o compensados).

Por último, y pese al favorable despliegue de las energías renovables en el país, ha habido políticas poco acertadas (como eliminar la señal de localización en el sistema de transmisión) o poco ortodoxas (como los sistemas de estabilización de precios o la propuesta reasignación de ingresos tarifarios), lo cual ha introducido distorsiones en el funcionamiento del mercado.

Si Chile quiere tener un rol protagónico en el proceso mundial de transición energética, debe haber convicción por parte de la autoridad y confianza en la capacidad del sector privado de sacar adelante proyectos claves para el desarrollo. Igualmente, el convencimiento debe ser compartido por una ciudadanía cabalmente informada sobre su real impacto ambiental.