Transformación digital: el Estado en deuda

Chile cuenta desde 2019 con una Ley de Transformación Digital del Estado (Nº 21.180), y desde 2021 con una Política Nacional de Inteligencia Artificial. En el papel, al menos, somos un país plenamente consciente de la importancia de la digitalización y otras tecnologías para el funcionamiento del Estado, como también para nuestro desarrollo en términos generales, y que se ha preocupado de prepararse para los cambios y desafíos de la llamada “cuarta revolución industrial”.

En la práctica, sin embargo, un reciente estudio pone en duda que el aparato público esté actuando en consecuencia con ese diagnóstico. Según el Índice de Madurez de Transformación Digital que midió a 23 organismos del Estado, de los cuatro niveles de madurez de la transformación digital -Iniciado, Principiante, Intermedio y Maduro-, el 17% se ubica en el nivel Iniciado, el 46% en Principiante, y el 38% en Intermedio, sin que ninguno califique como Maduro. En consecuencia, antes que presionar para que todas las instituciones estatales cumplan el plazo para alcanzar este último nivel en 2024, como contempla la ley, el Gobierno ha preferido posponer su implementación obligatoria total hasta 2027.

La extensión del plazo hasta 2027 para implementar la Ley de Transformación Digital del Estado debe ser aprovechada para recuperar el tiempo perdido.

Si ésta es o no la decisión correcta es debatible. Por un lado, pretender lograr en un solo año lo que no se ha hecho en tres podría ser una receta para una implementación apresurada y deficiente de la digitalización de los servicios públicos. Por otro, sin embargo, el resultado da cuenta del escaso avance en una materia que debería prioritaria -aunque no la única, por cierto- para la tan anhelada modernización del Estado, especialmente cuando se plantean reformas que impondrían considerables exigencias adicionales a la burocracia estatal, como la reforma de pensiones en carpeta.

Por lo anterior, la extensión del plazo hasta 2027 debe ser aprovechada para recuperar el tiempo perdido y acelerar considerablemente el proceso de transformación digital del Estado. Lo que esto busca es un aparato estatal más ágil -que responda mejor a las necesidades de los ciudadanos en un mundo que cambia a gran velocidad-, y más eficiente -que gaste de mejor manera los recursos que obtiene vía impuestos-. Volver a postergar la implementación de esta ley dentro de cuatro años sería incomprensible.