TPP11: injustificable demora

Luego de cuatro años de una tramitación paralizada en el Senado, esa cámara aprobó el martes el acuerdo comercial con importantes economías del Asia Pacífico conocido como TPP11. Sin embargo, lo que debiera ser una buena noticia para la economía chilena -especialmente en momentos en que necesita de todas las vías a su alcance para aliviar el golpe de una inminente e inevitable recesión- arriesga ser un nuevo motivo de frustración y ejemplo de oportunidad perdida.

El hecho de que el Gobierno opte por dilatar la promulgación del tratado a la espera de una respuesta a las llamadas “cartas laterales” que ha enviado a cinco de los países miembros del pacto, cuando éste ya cuenta con el visto bueno del Congreso, se basa en prejuicios de tipo ideológico y no en argumentos técnicos. Esto se vio claramente reflejado en las actitudes de los senadores oficialistas que votaron en contra de la aprobación, pero también en la insistencia de la Cancillería en objetar mecanismos de solución de controversias que, en la práctica, no han sido perjudiciales a los intereses de Chile en el pasado.

Aunque la Cancillería asegure que esperar la respuesta a las “side letters” no es una medida dilatoria, en la práctica sí lo es.

La afirmación de que “el acuerdo es un candado que clausura las posibilidades de desarrollo social y económico”, como dijo una senadora, carece de todo sustento, como también decir que el tratado contiene “normas que restringen el ámbito de acción de las empresas del Estado” y que podrían restarle a éste autonomía en decisiones internas de política pública, como sostuvo otro parlamentario.

No es casual que sea un sector político concreto -el ala más izquierda del oficialismo- el que se oponga a este tratado, ya que contra toda evidencia desconfía (incluso, reniega) de los beneficios del libre comercio como estrategia de desarrollo. Aunque la canciller asegure que esperar las “side letters” no es una medida dilatoria, lo cierto es que sí lo es, y refleja una preocupante disposición a permitir que el normal funcionamiento de mecanismos democráticos de decisión -como la aprobación de un tratado internacional por el Congreso- sea rehén de sesgos ideológicos y presiones políticas.