as exenciones tributarias y los tratamientos especiales ha sido siempre motivo de polémica, pues implican una discriminación en favor de actividades, grupos o sectores productivos específicos. Con todo, corresponde diferenciar los regímenes especiales que buscan corregir una distorsión, de aquellos que obedecen a presiones sectoriales por lograr un trato preferencial o de prácticas que tuvieron su origen en la falta de información contable.
En el primer grupo están casos como el incentivo tributario a las actividades de I+D, las cuales parece recomendable impulsar por sus beneficios; o el crédito tributario que contiene el régimen de integración entre la tributación personal y el de las empresas, para no discriminar en contra del ahorro, gravándolo dos veces.
En el segundo grupo se encuentran regímenes como la devolución parcial del impuesto a los combustibles a sectores vinculados al transporte, lo cual implica un subsidio directo; y el régimen de renta presunta, bajo el cual se imputa una cierta rentabilidad a actividades en las cuales históricamente no ha sido posible llevar contabilidad completa (como muchas empresas agrícolas), pero que a estas alturas significan una subestimación de ingresos que, en la práctica, beneficia a algunas empresas de forma injustificada.
Más allá del debate que habrá que tener sobre la estructura y nivel de carga tributaria recomendable para el país, no cabe duda de que en las actuales circunstancias no sería recomendable subir impuestos, ya que ello haría inviable la operación de muchas unidades productivas. En el caso de las exenciones y regímenes especiales donde se considere razonable su eliminación, sin perjuicio de que detrás de ello haya una dosis de justicia tributaria, sería recomendable establecer también un calendario de ajuste paulatino, para evitar un efecto contractivo en los sectores afectados, en circunstancias en que todos los esfuerzos deben concentrarse en agilizar la reactivación de la economía y la generación de empleos.
Cabe esperar que las recomendaciones de la comisión de expertos convocada por Hacienda, a entregar en fecha próxima, se hagan cargo de esta realidad.
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