Segundo Catril, víctima del terrorismo

Este es un diario económico. Nuestro foco son las empresas y sus negocios, las finanzas públicas, el funcionamiento de los mercados y las matrices productivas del país. Sin embargo, desde hace ya varios años se ha vuelto una obligación cubrir informativa y editorialmente la situación de creciente violencia que se vive en una parte importante del sur de Chile. Ello es del todo coherente con el mencionado foco: sin paz no hay seguridad; sin seguridad no prosperan el trabajo y la industria; sin ellos no puede haber progreso ni desarrollo.

Sólo en lo que va del año ya han muerto varias personas en La Araucanía en el marco del mal llamado conflicto mapuche. Segundo Catril es la más reciente, luego de que el bus que lo transportaba a una faena forestal fuera atacado a tiros y él recibiera en la cabeza el impacto de bala que lo mató.

Si el Gobierno no acepta que en el sur hay terrorismo y no lo combate como tal, seguiremos lamentando el dolor de más familias.

Que un trabajador de etnia mapuche muera asesinado -y no es el primero- debe hacer reflexionar a quienes aún sostienen que lo que ocurre en esa región del país no es terrorismo, sino consecuencia de un “conflicto social”, a su vez parte de una “lucha histórica” entre una minoría indígena y el Estado chileno. Que otros chilenos -mapuches y no mapuches- engrosen la lista de muertos, heridos y violentados de diversas maneras a lo largo de años habla de un prolongado e imperdonable fracaso del Estado, cuya primera responsabilidad es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

No es casual que en esa zona los índices de pobreza sean los más altos del país, pues la violencia terrorista conspira contra cualquier esfuerzo por mejorar esa realidad. Tampoco es casual que dicha violencia esté recrudeciendo en las últimas semanas, ya que la clara reticencia con que el Gobierno ha repuesto el estado de excepción que él mismo había levantado al iniciar su mandato -entre otras muchas señales contradictorias- no puede sino ser vista por los violentistas como falta de una estrategia (y de voluntad) para enfrentarlos, e incluso de debilidad.

Si el Gobierno no acepta que se trata de terrorismo y no lo combate como tal, seguiremos lamentando más atropellos y muertes, así como el dolor de más familias.