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Alto contrasteA dos meses de la entrada en operaciones de la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (antes Ley de Quiebras) han comenzado a encenderse algunas luces de alerta entre distintos proveedores de créditos, en especial en lo que se refiere a la figura que posibilita la quiebra de las personas naturales. Si bien el diagnóstico sigue en desarrollo, a nivel de ejecutivos de la banca y del retail financiero se admite que hay incertidumbre y preocupación, ya que según algunas de las simulaciones realizadas, un uso inesperado de esta figura podría terminar afectando el modelo de evaluación de créditos y forzando en las instituciones crediticias provisiones adicionales.
Si bien a nivel de Comité de Retail Financiero las aprensiones tienen que ver con una sensación de falta de diagnósticos claros desde la óptica de la recuperación de los créditos, otras fuentes del sector expresan preocupación respecto de que se verifique un mal uso de los procedimientos. La preocupación de fondo es que a la larga se termine deteriorando la cultura de pago, cuestión ya puesta a prueba con otras acciones y políticas que debilitarían el cumplimiento de obligaciones, como el “borrón” del registro de morosos y deudores.
Entendiendo que en su conjunto la nueva ley de Insolvencia y Reemprendimiento representa un avance en la institucionalidad, las aprensiones planteadas deben ser atendidas, ya que el encarecimiento del costo del crédito o la introducción de estándares de otorgamiento que contraigan la oferta disponible de créditos de consumo como un todo podrían terminar perjudicando sin distinción tanto a buenos como a malos pagadores.
