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Alto contrasteLa Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha resuelto sancionar con millonarias multas a personas, ejecutivos y corredoras de bolsa en el marco del llamado Caso Cascadas. A casi exactamente un año de que la citada repartición formulara cargos en contra del grueso de quienes ayer fueron sancionados, la SVS, con nuevo titular a la cabeza y en el contexto de un gobierno de distinto signo del que inició el proceso, ha estimado que existen antecedentes sólidos para sancionar a los inculpados.
Textualmente la SVS, al dar a conocer su decisión, ha señalado que “del análisis de más de un millón de transacciones bursátiles, esta Superintendencia pudo constatar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados”, las que darían cuenta de “un esquema” que benefició eeconómicamente en forma directa al presidente de las sociedades Cascadas y a cercanos a él, todo en desmedro del interés social de las propias sociedades, y de sus accionistas, entre ellos fondos de pensiones y fondos de inversión.
Las leyes infringidas según la entidad son la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, todo en un proceso donde a juicio del superintendente “quienes participaron de este esquema dañaron los principios básicos sobre los que se funda el mercado de valores: la fe pública, la confianza, la transparencia y el buen gobierno corporativo. Por ello, esta sanción busca castigar estas infracciones conforme al marco jurídico vigente”.
Si bien se trata de un nuevo hito y no el cierre del Caso Cascadas, ya que presumiblemente esto desatará una andanada de acciones legales y recursos tanto por parte de quienes fueron sancionados como de quienes se sientan perjudicados por ellos, la resolución de ayer resulta significativa. Lo es, en primer lugar, porque una autoridad distinta de la que inició el proceso es la que le da continuidad al mismo y porque dicha continuidad se da más allá del signo político de la coalición gobernante. Este es un tema que cobra realce justamente porque los propios inculpados pusieron en duda al anterior superintendente, vinculando su actuar a intereses que habría tenido el ex presidente de la República Sebastián Piñera. Sobre este punto habría que añadir que justamente ayer el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó definitivamente a Fernando Coloma de la querella en su contra por prevaricación.
La decisión de la SVS es significativa además porque viene a poner presión sobre el mercado de capitales, uno que como ha dicho el propio presidente de la Bolsa de Comercio y otros personeros, ha visto dañada su reputación por este caso. El mercado, sus agentes y las autoridades deberían a partir de este hito reforzar las acciones tendientes a asegurar la fe pública, cuestión medular para el correcto funcionamiento del mercado de valores.
