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Alto contrasteRigideces de la agenda laboral
Chile obtuvo en 2024 el triste récord de ser la quinta economía con peor nivel de desocupación entre los 38 integrantes de la OCDE. Con una tasa anual de 8,5%, el país se ubicó lejos del 4,9% promedio del bloque, en un contexto en que el aumento de la productividad nacional fue nulo y donde el crecimiento potencial no despega del 2%. Ante este escenario, en que diversas voces expertas coinciden en que los desafíos urgentes del país son impulsar, justamente, esos dos indicadores, además de una mayor inversión, el Gobierno ha sorprendido anunciando el envío al Congreso del postergado proyecto de negociación multinivel, una iniciativa que amenaza con elevar la rigidización de las relaciones laborales y encarecer los costos de contratación, con un efecto directo en la generación de empleo.
La propuesta del Ejecutivo responde al compromiso que adquirió con la CUT en la negociación del salario mínimo en 2022. Según el Gobierno, este mecanismo permitiría una mayor institucionalización del diálogo social y promover un crecimiento económico más equitativo. Sin embargo, múltiples actores del mundo empresarial, incluyendo a representantes de las PYME vienen advirtiendo desde mediados del año pasado que cualquier reforma que aumente los costos de contratación y reduzca la flexibilidad del mercado puede agravar la situación en lugar de mejorarla.
La negociación ramal implica establecer condiciones laborales y salariales homogéneas para sectores completos, sin considerar la heterogeneidad de las empresas ni sus realidades productivas. Mientras que las grandes corporaciones pueden absorber estos cambios, las PYME, que representan más del 80% del tejido empresarial y generan en torno al 70% del empleo, podrían enfrentar dificultades para adaptarse.
La rigidez contractual que podría derivarse de la negociación multinivel se sumaría, además, a otras iniciativas que han elevado los costos laborales en los últimos años, como el alza del salario mínimo, la reducción de la jornada, y la Ley Karin, todas con objtivos meritorios, pero que han contribuido a encarecer la contratación formal sin una estrategia paralela para mejorar la productividad.
A ello debe sumarse un factor estructural: la baja sindicalización en Chile. Según la Encuesta Laboral de la Dirección del Trabajo, ésta no ha superado el 23% en los últimos 30 años, y menos del 7% de las empresas cuenta con trabajadores afiliados a un sindicato. En este escenario, la negociación ramal podría consolidar el poder de grupos sindicales establecidos, sin necesariamente extender la cobertura de derechos a los trabajadores más vulnerables ni beneficiar a empresas de menor tamaño.
Cualquier legislación que aborde aspectos estructurales del empleo debe considerar sus efectos a largo plazo. Las decisiones que se tomen hoy definirán el mercado laboral del futuro, afectando la competitividad del país en los próximos 20 o 30 años. En lugar de insistir en modelos que rigidizan, la prioridad debiera estar en aumentar la productividad, fomentar la capacitación y mejorar las condiciones para el crecimiento eco. Así se podrá generar un mercado laboral dinámico, inclusivo y resiliente a los cambios que impone la economía global.
