Editorial

Revisión del gasto público

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El rechazo a la Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno puso sobre la mesa, nuevamente, la necesidad de contar con recursos permanentes para financiar compromisos de gasto. Cabe preguntarse si junto con buscar mecanismos de recaudación, es posible también incrementar los esfuerzos del propio Fisco. Ello en un contexto de sostenido crecimiento del gasto público, el que desde 2008 a la fecha ha pasado del 20% a un 25% del PIB.

El Gobierno no debiera escatimar esfuerzos en poner en tabla una constante agenda de revisión del gasto y contribuir con ello a financiar sus obligaciones y compromisos.

El BID estimó en 1,8% del PIB la ineficiencia técnica del gasto público para Chile en 2018. La DIPRES, sin embargo, ha señalado que el 90% de los recursos de la oferta programática está comprometido de manera más permanente, siendo destinado mayoritariamente a pensiones, educación, salud y orden público y defensa. Sin duda la primera afirmación genera debate, pues no se trata, a la luz de la naturaleza legal de los programas, de liberar US$ 5.500 millones y destinarlos a financiar otras medidas, pero sí amerita poner atención en un rango de acciones abordables.

Sobre este punto, las evaluaciones que realizan anualmente la DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social constituyen un aporte, pues existe una oportunidad de revisar los procesos de funcionamiento de los programas. Además, la evaluación ex post de un subconjunto de programas con indicios de falencias, que en general presentan resultados negativos, debiera alentar la aplicación de rebajas presupuestarias, más que meros ajustes en su diseño o implementación.

La DIPRES considera que “más que programas mal evaluados, lo que se tiene son problemas mal resueltos. Esto exige mejorar, pero no supone liberación de recursos”. Sin embargo, hacer más eficiente, reducir gasto administrativo, fusionar oferta y optimizar procesos, sí conseguiría optimizar el gasto público. Aunque no se trate de la magnitud de los recursos discutidos, el Gobierno no debiera escatimar esfuerzos en poner en tabla una constante agenda de revisión de gasto y contribuir con ello a financiar sus obligaciones y compromisos.

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