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Alto contrasteLos primeros días de la nueva administración de gobierno no sólo han estado marcados por la polémica en torno a un sinnúmero de cargos políticos y administrativos, sino que también por una seguidilla de decisiones que en la práctica revierten decisiones del anterior gobierno. Ha sido el caso, ayer, de lo sancionado por el comité de ministros en enero respecto del proyecto HidroAysén, como también en materias como el llamado consentimiento explícito en la renovación de condiciones contractuales y la venta de remedios en comercios distintos de las farmacias, entre otros.
Distintas son las razones que se han dado para justificar cada una de las medidas, las que van desde reproches a la prolijidad con que se adoptaron algunas determinaciones por parte de la anterior administración, hasta divergencias conceptuales y hasta de principios.
Como sea, el resultado práctico para distintas empresas y sectores ha sido el de cambio en condiciones que se creían resueltas, lo que, por cierto, ha generado algún grado de inquietud, como lo hizo ver el sector comercial respecto del consentimiento explícito.
Entendiendo que un cambio de administración, máxime cuando cambia el signo político, abre espacio para este tipo de situaciones, lo ocurrido debiera invitar a la reflexión tanto en lo que respecta al nivel de debate técnico que debería anteceder a la dictación de medidas, como respecto de los mecanismos de decisión que se utilizan para resolver ciertas materias. Lo anterior, con miras a lograr mayores niveles de certeza administrativa y regulatoria, la que ojalá fuera precedida por un accionar más certero en materia legislativa.
