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Alto contrasteResponsabilidad fiscal en tiempo de elecciones
En su más reciente informe, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) profundizó su diagnóstico sobre la fragilidad estructural de las cuentas públicas, advirtiendo que su ajuste ya no puede limitarse al corto plazo ni a la administración en ejercicio. Las alertas se han extendido ahora al próximo Gobierno, a cuyas eventuales nuevas autoridades les ha adelantado que se requerirá un recorte de cerca de US$ 6.000 millones para equilibrar las finanzas públicas en el mediano plazo, lo que pone en evidencia la magnitud de la estrechez fiscal acumulada.
De acuerdo con el CFA, ya no basta con una corrección de US$ 1.500 millones, como recomendó en febrero pasado al actual Gobierno -ajuste que Hacienda está preparando-, sino que, además, es necesario que el gasto compatible con la meta de balance estructural se reduzca en 0,6 punto porcentual del PIB entre 2026 y 2029 en promedio, con respecto a la última proyección de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
El actual estrés fiscal deriva de una trayectoria que comenzó antes de la actual administración, que tiene sus raíce en la crisis financiera de 2008 y que se profundizó durante la pandemia. En ese marco, en 15 de los últimos 17 años el gasto público ha superado los ingresos estructurales, mientras la deuda bruta y neta han aumentado sostenidamente. Y aunque en 2022 el gasto fiscal se redujo en forma significativa en 23%, en 2023 y 2024, años sin crisis, se registraron déficits estructurales de 2,7% y 3,2% del PIB, respectivamente, lo que ha acentuado la urgencia de converger hacia un balance estructural y estabilizar la deuda.
A juicio del CFA, el actual escenario implica que no hay margen para nuevos gastos entre 2026 y 2029 y que los ya comprometidos tendrían que reducirse en 1,6 punto porcentual del PIB para cumplir con las metas de equilibrio fiscal.
Con este telón de fondo, las advertencias resultan clave para los postulantes a La Moneda e impelen a candidatas y candidatos a ofrecer soluciones técnica, política y económicamente viables, que den certezas a los tomadores de decisión en el mercado. Lo que se requiere son propuestas realistas, responsables y viables para llevar las finanzas públicas nuevamente hacia el camino del orden, que involucren una mejor planificación y gestión de la ejecución presupuestaria del gasto de capital, más transparencia sobre los pasivos no incluidos en las reglas fiscales, mantener el nivel de deuda en 45% del PIB y, por sobre todo, alcanzar un acuerdo político con miras a una gestión eficiente y permanente del gasto público.
El desafío no es meramente técnico, sino profundamente político. Sin una voluntad real de priorizar la estabilidad fiscal por sobre los intereses electorales, cualquier intento de ajuste será insuficiente o tardío. Lo que el país necesita es un compromiso serio con la responsabilidad fiscal, capaz de trascender gobiernos y garantizar una base sólida para el desarrollo económico de Chile.
