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Editorial

Resguardo de la seguridad pública

El gobierno, tras una exhaustiva evaluación efectuada por el presidente de la República y su ministro del Interior, ha resuelto presentar una querella criminal, invocando la Ley de Seguridad del Estado, “en contra de quienes interceptaron un bus de la locomoción colectiva, aterrorizaron e hicieron bajar a sus pasajeros y su chofer y luego lo incendiaron” durante una nueva jornada de movilización estudiantil.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 20 de octubre de 2011 a las 05:00 hrs.

El gobierno, tras una exhaustiva evaluación efectuada por el presidente de la República y su ministro del Interior, ha resuelto presentar una querella criminal, invocando la Ley de Seguridad del Estado, “en contra de quienes interceptaron un bus de la locomoción colectiva, aterrorizaron e hicieron bajar a sus pasajeros y su chofer y luego lo incendiaron” durante una nueva jornada de movilización estudiantil.

Tanto la anterior descripción de hechos realizada por el ministro del Interior como las imágenes exhibidas por la prensa son un síntoma más -aunque especialmente grave- de un estado de cosas que por su persistencia y profundización mueve a la preocupación. Por más de cinco meses el país ha visto cómo el conflicto educacional no sólo mantiene secuestradas las expectativas de cientos de miles de chilenos de desarrollar una vida normal, sino que además ocasionalmente amaga la integridad física y material de muchos ciudadanos. Con el correr del tiempo, parece estar claro que ante la incapacidad de arribar a acuerdos, hoy la estrategia del desgaste está siendo ejecutada en paralelo por lado y lado, todo con un altísimo costo en el clima social y en un sinnúmero de otras dimensiones muy relevantes.

Si bien es de esperar que las partes logren espacios de diálogo y atiendan de manera realista un tema en donde son más los puntos de encuentro que de desencuentro, urge que en el intertanto el gobierno ejerza de manera decidida la autoridad, como lo ha expresado en el caso del atentado al bus del Transantiago. El propio ministro del Interior ha dicho que no hacerlo sería incumplir con sus obligaciones y en eso tiene toda la razón.

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