Reforma tributaria ¿existe un diagnóstico compartido?

Todo indica que el proyecto de reforma tributaria que se anunciará hoy no cumplirá con su propósito inicial: lograr un pacto social amplio en esta materia. Un motivo es que el Gobierno habría mantenido una meta de recaudación en términos del PIB -cuatro puntos en igual número de años- que numerosos expertos considera inviable, como ocurrió en 2014 con una meta menos ambiciosa. Sobre todo, porque ya se habría descartado ampliar la base del impuesto a las personas, que sería el sustento principal de esta reforma, como lo fue el impuesto a las empresas hace ocho años.

Todo indica que el proyecto de reforma tributaria no cumplirá con su propósito inicial de lograr un pacto social amplio.

La mayor carga tributaria recaería, entonces, en el sector de altos ingresos, por tres vías: subir la tasa de impuesto personal para los tramos altos; desintegrar el sistema para las grandes empresas; y establecer un impuesto al patrimonio. La primera probablemente contribuye muy poco en términos de recaudación; la segunda depende de la tasa que se establezca para los dividendos, aunque rompiendo de pasada la equidad horizontal del sistema, y con un potencial impacto negativo en la inversión; y la tercera tampoco parece muy productiva en términos de recaudación, como muestra la evidencia comparada.

Distintos expertos apoyaron la desintegración, por la simplificación que podría generar. Sin embargo, se mantendría un sistema integrado para los accionistas de empresas de menor tamaño. Dado que finalmente lo relevante es el pago a nivel de los dueños, no existiría dicha simplificación, pues una misma persona puede ser accionista de distintos tipos de empresas. Estas arbitrariedades generan espacios para la elusión, que se intenta combatir.

Aun más complejo es que un sistema desintegrado genera inequidad tributaria, ya que la tasa de impuestos fijada para los dividendos es independiente del nivel de ingresos de las personas, con lo que el impuesto a la renta pierde progresividad, atentando en contra de unos de los objetivos de la reforma. Además, una tasa muy elevada es muy perjudicial para las decisiones de inversión.

En definitiva, probablemente se repita en la discusión de este proyecto un escenario similar al de 2014.