Reforma al sistema electoral

La reciente propuesta de reforma al sistema político impulsada por un grupo transversal de senadores tiene como claro objetivo disminuir la fragmentación del Congreso, fortalecer la gobernabilidad y evitar el llamado discolaje. Este propósito es, sin duda, positivo y responde a un diagnóstico ampliamente compartido sobre los problemas derivados del sistema proporcional actual. Sin embargo, la solución planteada, basada en un umbral del 5% para que los partidos accedan a representación en la Cámara de Diputados, abre controversias.

La regla del 5% modifica el principio de representación popular, ya que los votos de aquellos partidos que no alcancen el umbral serían redistribuidos entre otras fuerzas políticas dentro del mismo pacto. Aunque esto podría reducir la fragmentación, plantea desafíos democráticos al alterar los resultados de las elecciones. Además, su efectividad podría quedar limitada por disposiciones como la posibilidad de que los partidos que no alcancen el mínimo se fusionen dentro de una coalición o constituyan “federaciones de partidos” de forma transitoria.

Frente al riesgo de cambios meramente simbólicos, respetar la representatividad y la gobernabilidad es clave.

Otro punto discutible es la pérdida del escaño para parlamentarios que renuncien a su militancia. Esta norma es comprensible en sistemas donde los electores votan por listas cerradas, pero abre el debate en Chile, donde la experiencia refleja que las personas tienden a votar por la figura del candidato. Imponer una sanción extrema podría desconocer la voluntad popular y resultar desproporcionada, especialmente considerando que pueden existir razones legítimas para renunciar a un partido, como discrepancias éticas o desacuerdos fundamentales con su dirección.

Existen otras alternativas. Desde sectores de la izquierda, algunos analistas han propuesto prohibir los pactos electorales, obligando a los partidos a converger en grandes colectividades. Desde la derecha, se plantea una solución igualmente atendible que apunta a aumentar el número de distritos y reducir los cupos por cada uno, con el fin de ajustar la magnitud electoral, disminuyendo la fragmentación, sin alterar las políticas de alianzas que han sido un pilar de la democracia chilena.

Estas opciones pueden representar caminos más equilibrados para abordar la fragmentación, ya que atacan directamente las causas del problema sin sacrificar los principios democráticos. Si se quiere enfrentar el desafío de manera estructural, es esencial optar por medidas que fortalezcan la democracia, respetando tanto la representatividad como la gobernabilidad, en lugar de implementar reformas cuya eficacia podría terminar siendo meramente simbólicas.