Rechazo de Dominga: tan previsible como desacertado
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El hecho de que tanto partidarios como detractores del proyecto minero Dominga, en la región de Coquimbo, afirmen tajantemente que su postura se basa en argumentos técnicos respecto de su impacto en el medio ambiente de la zona, es un claro indicio de la desafortunada politización de esta iniciativa, rechazada esta semana por el Comité de Ministros.
Tras un largo derrotero institucional y judicial, el proyecto obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en agosto de 2021, al igual que la aprobación del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. La propia Corte Suprema había desestimado los recursos de opositores a la iniciativa que buscaban anular la RCA. No obstante, la ministra del Medio Ambiente argumentó que el rechazo al proyecto tuvo en cuenta “los informes técnicos y las recomendaciones del SEA”.
El recorrido judicial e institucional de esta inversión minera a lo largo de una década es un claro indicio de su politización.
Es muy difícil no ver en la decisión del comité ministerial la concreción de una promesa de campaña del Presidente Boric -férreo opositor del proyecto desde sus años como diputado-, de quien dependen todos sus integrantes como parte del gabinete. Desde luego, un comité de ministros no es una instancia técnica, sino por definición política, lo que vuelve pertinente el debate sobre su idoneidad para decidir sobre materias sobre las cuales ya se han pronunciado organismos especializados. Y es evidente que en las opiniones sobre este proyecto en particular hay una bastante clara línea divisoria entre oposición y oficialismo (con pocas excepciones).
Siendo la protección del medio ambiente un asunto de innegable importancia y consenso, también lo es el hecho de que para garantizarla se han creado mecanismos institucionales con herramientas técnicas y personal experto ad hoc.
Parece existir en ciertos sectores la aspiración de un nulo impacto ambiental -no sólo acotado o mitigable-, lo que en definitiva, además de carecer de realismo, atenta contra numerosas inversiones que pueden hacer un significativo aporte económico a zonas que lo necesitan, como ocurre en este caso, que se ha prolongado por una década.