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Alto contrasteLas campañas presidenciales, convertidas en meras cruzadas comunicacionales, se han convertido en terreno propicio para que los candidatos inunden al electorado con toda la suerte de promesas que pueden caber en los pocos minutos que ofrece un debate televisivo. Y como vivimos tiempos de transparencia y fiscalización pública, propuestas como la eliminación del 7% de cotización en salud a los jubilados, corren hoy mejor suerte que en gobiernos pasados.
Bien por los pensionados, que deberían ver incrementado su ingreso líquido en una proporción equivalente a ese 7% que hoy destinan al sistema de salud. Porque de eso pareciera tratarse: lejos de una reforma ni menos de un proyecto integral que aborde la situación de los jubilados, estamos frente a un reajuste del 7% en la pensión y, por lo visto, sólo para sectores de menores ingresos.
Lo anterior significa que la autoridad está, mediante esta medida, buscando atacar otro problema, como es el referido a la capacidad de pago del sector pasivo. No obstante, lo hace afectando los ingresos de un sistema solidario, porque la amplia mayoría de los potenciales beneficiados con la medida corresponden a clientes de Fonasa, institución que basa su financiamiento en aportes fiscales y cotizaciones privadas, las que obviamente disminuirán en razón a esta eliminación del 7% para un segmento de sus beneficiarios, que -dicho sea de paso- gasta tres veces más que una persona media.
No se trata de oponerse a mejorar la situación económica de los jubilados, como tampoco su acceso a la salud y financiamiento, pero nada de ello se consigue con el solo reajuste del 7% a las pensiones. Los costos de salud para Fonasa seguirán subiendo, al ritmo también de una población que envejece, y -en este plano- cada vez será más complejo dimensionar el impacto de la cobertura de salud a jubilados dentro de este sistema solidario.
Otras soluciones han quedado en el camino, desplazadas por el imperativo de cumplir promesas electorales, como la creación de un fondo de salud para la tercera edad, con financiamiento y cuentas conocidas. También hay propuestas interesantes para crear condiciones laborales proclives a los adultos mayores.
Pero cualquier paso en orden a establecer una política hacia el adulto mayor, pasa por consensuar diagnósticos y soluciones. Si el problema es el bajo nivel de pensiones que reciben los jubilados, o que percibirá esa importante cantidad de chilenos que no cotiza o lo hace en escasa o irregular proporción, entonces abordemos el asunto en su globalidad. Y ahí hablemos de reforma.
