Ranking de corrupción: una luz de alerta
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Si bien el buen funcionamiento de las instituciones solía ser un activo de Chile, y un diferenciador en el contexto regional, en años recientes -en distintos ámbitos y por diferentes motivos- esta fortaleza se ha visto erosionada, a veces en forma significativa. La seguridad y el orden público son una muestra clara de ello, pero también la peor ubicación del país en rankings internacionales de diversa índole, como la competitividad tributaria, el atractivo para las inversiones mineras, la garantía de derechos de propiedad y otros.
No se trata de diagnósticos catastrofistas ni deterioros irreversibles, pero sí son luces de alerta que recuerdan que el progreso se está siempre construyendo y que lo avanzado nunca está asegurado para siempre, pues los errores -y la complacencia- son riesgos permanentes. Por eso los esfuerzos para evitarlos deben ser, también, permanentes.
La medición de Transparencia Internacional revela falencias institucionales que exigen atención de las autoridades y los actores políticos.
El reciente ranking de Transparencia Internacional sobre la vulnerabilidad a la corrupción y el soborno es otra de esas luces de alerta. Chile no se ha vuelto súbitamente un país corrupto en términos comparados, pero la medición revela falencias institucionales que demandan atención de las autoridades y los actores políticos para que lo que hoy es un problema limitado no adquiera mayores proporciones y se transforme en una grave enfermedad, como ha pasado en otras latitudes.
Por desgracia, esa voluntad de hacerse cargo del problema es lo que el reporte echa en falta cuando constata que “durante las dos últimas administraciones, el gobierno nacional no ha mostrado ningún interés en mejorar el marco legal actual y no hay ningún organismo gubernamental técnico que trabaje en el tema”.
El informa apunta a temas como la falta de un registro público central de dueños de empresas y fideicomisos, requisitos inadecuados de contabilidad y auditoría, falta de un marco legal adecuado para las solicitudes de asistencia legal mutua entre organismos públicos, e insuficientes sanciones, entre otros. Se trata de problemas absolutamente abordables desde un enfoque de modernización del Estado; los responsables de administrar el Estado, por ende, deben tomar nota.
