La publicación de los puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y de los recientes resultados de los postulantes a las 33 universidades adscritas a este sistema, han revivido algunas de las críticas sobre la idoneidad del instrumento. Una de ellas, diagnosticada ya desde que se introdujera la PSU, es que amplía aún más la brecha de puntajes entre alumnos egresados de liceos municipales y colegios particulares pagados, al perjudicar a estudiantes de sectores de menores ingresos (normalmente los municipales), pues son justamente sus liceos los que no alcanzan a pasar todos los contenidos que evalúa la PSU, la cual, a diferencia de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) que evaluaba aptitudes, mide especialmente los conocimientos adquiridos en la enseñanza media. Una auditoría realizada por la consultora Pearson a la PSU detectó esta y varias otras falencias que pueden y, de hecho, están siendo corregidas.
Más allá de que sea un instrumento perfectible, el sentido de una prueba de admisión es identificar a los postulantes más aptos, por lo que no puede -ni debe- ocultar las diferencias entre quienes la rinden (siempre y cuando no perjudique arbitrariamente a algunos sectores). La distancia entre los resultados de alumnos de liceos municipales y de colegios particulares pagados se remonta a la etapa escolar, lo que se refleja en el Simce. Es ahí entonces donde deben apuntar los principales esfuerzos, en mejorar los aprendizajes de los escolares en las salas de clases, y no intentar remediar cuando van a postular a la educación superior a través de medidas como eliminar los mecanismos de selección, pues esto no resuelve las limitaciones que enfrentan los sectores más desfavorecidos.