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Alto contrasteEn los días previos al cambio de mando, la administración Piñera envió al Congreso un proyecto de ley sobre régimen único de donaciones, una iniciativa positiva y que debiera ser promovida. En efecto, la clase política no debiera olvidar que más allá de quién haya firmado e ingresado el proyecto para su estudio en el parlamento, existe un compromiso reciente y transversal de personeros de todos los sectores políticos para impulsar un régimen jurídico único para las donaciones. En nuestro país, la legislación no facilita el aporte de recursos privados para fines benéficos. Por el contrario, lo mira con cierta desconfianza. Entre otras dificultades, existe una complejidad de normas, requerimientos, instituciones involucradas, límites y penalizaciones que en su conjunto suman costos de transacción que no contribuyen a impulsar el emprendimiento social en Chile. Esto hace evidente la necesidad de contar con una política pública que facilite el rol social de la ciudadanía y el empresariado.
La iniciativa se aboca a ello al simplificar los trámites para efectuar donaciones, introduciendo adecuados niveles de transparencia respecto de los receptores de las mismas y el destino de los recursos donados. Asimismo, abre el espectro de quienes pueden acceder a la institucionalidad, tanto a nivel de donantes como donatarios, mejorando con diversas novedades los actuales beneficios tributarios. Por su parte, resuelve correctamente algunos desincentivos de la legislación actual, optando por no afectar con el impuesto “multa” del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta a la donación en exceso de los límites legales. A todo ello se suman severas sanciones en caso de infracción a la normativa legal. Se trata de una buena iniciativa, que se hace cargo de una realidad cuya regulación debiera ser perfeccionada para incentivar la participación activa de la ciudadanía y de los cuerpos intermedios en nuestra sociedad.
