Propuesta constitucional (III): impuestos

El texto elaborado por la Convención Constitucional introduce cambios al sistema tributario que no es exagerado calificar de radicales, tanto por el fondo de sus contenidos, como por el hecho de que la mayoría entraría en vigencia de forma abrupta y no gradual, obligando a los contribuyentes a un proceso de adaptación disruptivo, además de costoso.

Sin duda un ámbito potencialmente muy conflictivo es la posibilidad de que las nuevas autonomías territoriales fijen tributos, dado que se elimina la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, sin que se explicite un límite a los montos de los eventuales gravámenes. Si bien algunos partidos oficialistas han planteado la opción de revocar dicha eliminación, de no ocurrir aquello, se abriría espacio a que una multiplicidad de actores tenga potestad tributaria, e incentivos para usarla en función de necesidades locales determinadas también localmente. El peligro que esto conlleva para el crecimiento y la sostenibilidad fiscal es considerable.

En el texto subyace la idea de que el progreso económico y social depende en muy alta medida de la capacidad recaudatoria del Fisco.

Otro tema con posibles graves implicancias es que se establezca constitucionalmente que los impuestos podrán tener fines que no sean recaudatorios -para financiar gasto fiscal y políticas públicas-, sino otros como la solidaridad o la protección del medioambiente. De esta forma, podrían usarse los gravámenes para normar conductas o actividades en prosecución de dichos fines (definidos por la autoridad), afectando la libertad y derechos de los contribuyentes.

Por otra parte, la idea de que los contribuyentes tienen derechos -por ejemplo, a que no existen tributos manifiestamente desproporcionados- ya no queda establecida a nivel constitucional, lo que no cabe sino interpretar como una merma frente al poder del Estado. En el mismo sentido, que la progresividad tributaria sea siempre necesaria, y no sólo según lo defina el legislador, conspira contra la generación de capital.

Lo que subyace en estos y otros cambios tributarios que contiene la propuesta, es que el progreso económico y social depende en forma muy preponderante de que el Estado cuente con herramientas para cobrar más y mayores impuestos, una idea que desmiente cualquier análisis desapasionado (y desideologizado) de la experiencia nacional o comparada.