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Alto contrasteEl gobierno acaba de promulgar la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, una normativa fundamental para la transparencia del Estado. La iniciativa centra el foco en el sujeto pasivo, es decir, las autoridades y funcionarios que toman decisiones. Además, regula de igual forma tanto el lobby, esencialmente remunerado, como la gestión de intereses particulares sin que medie un pago por esa actividad.
Entre otras disposiciones, establece la obligación de los sujetos pasivos de publicar mensualmente las reuniones y audiencias sostenidas con lobbistas y personas que gestionen intereses particulares que intenten influir el proceso de toma de decisión pública, como asimismo los viajes y regalos recibidos en el ejercicio de sus funciones. La información será pública en un sitio en Internet. Además, se crea un registro de lobbistas y se fijan multas de hasta 50 UTM para los funcionarios que no cumplan con el deber de publicar esta información o incluyan información falsa.
Como ha destacado el presidente Sebastián Piñera, se trata de una legislación que constituye un gran paso en la transparencia, probidad y eficiencia del Estado, al servicio de los ciudadanos.
