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Alto contrasteNo exento de contratiempos ha estado el proceso de definición de autoridades que integrarán la futura administración de gobierno a partir del próximo 11 de marzo. Al episodio de la polémica renuncia de la nominada subsecretaria de Educación, quien fue objeto de reproches de orden político por parte de representantes de movimientos sociales, luego sobrevinieron cuestionamientos a los antecedentes de varios de los nombres elegidos para distintas posiciones del aparato Ejecutivo.
Problemas de orden legal, financiero y crediticio comenzaron a conocerse con posterioridad a las nominaciones, todo lo cual ha derivado en la expectativa de que en las próximas semanas habría cambios dentro de las autoridades escogidas. El período de vacaciones y probablemente una revisión exhaustiva y ex post de antecedentes de quienes ya fueron nombrados, explicarían que la redefinición de autoridades se realice en un tiempo más.
Más allá de lo inconveniente que puede resultar en términos políticos para una administración de gobierno que su proceso de definición de autoridades transmita cierta improvisación o falta de rigor, sorprende que en esta materia no haya una pauta o manual establecido de los antecedentes que se deben revisar previo a la designación de autoridades. En este tipo de materias alegar desconocimiento es tan delicado como aceptar que se decidió proceder a la designación con conocimiento de la información. Ambas situaciones amagan la reputación de la política, una actividad que según confirman distintas mediciones no cuenta en la actualidad con buenos niveles de aprobación a nivel de la opinión pública.
