Proceso constituyente: una segunda oportunidad

A dos semanas del contundente triunfo de la opción “Rechazo” en el plebiscito de salida, el debate político se ha centrado en la conveniencia de llevar a cabo un segundo proceso constituyente y las condiciones en que éste debiera sustanciarse.

Es claro que una de las razones que facilitaron la alta votación del Rechazo fue el compromiso de los partidos de Chile Vamos y del movimiento de los “amarillos” de dotar al país de un nuevo texto constitucional. En consecuencia, insistir en la vigencia de la Constitución de 1980 es políticamente inviable.

El nuevo diseño debe incorporar un sentido de responsabilidad y eficacia, ausente en el proceso anterior.

Dicho esto, el diseño del eventual segundo proceso constitucional debe ponderar dos valores en tensión.

Por una parte, existe una demanda por mayor participación y representatividad, no pudiendo decidirse el mecanismo completamente a puertas cerradas de la opinión de la ciudadanía.

En línea con ello, el Gobierno debe tomar distancia del segundo proceso. Uno de los factores determinantes del fracaso de la opción “Apruebo” fue la identificación de la propuesta constitucional con la agenda del Gobierno, así como la intervención de La Moneda en la campaña. En consecuencia, el Ejecutivo debe garantizar una mayor imparcialidad que en el proceso anterior y abocarse a las tareas de gobierno que le encomienda el régimen vigente.

Pero, por otra parte, las personas no están dispuestas a repetir la experiencia traumática de un proceso desgastante y polarizado. De aquí que el nuevo diseño debe incorporar un sentido de responsabilidad y eficacia ausente en el proceso anterior. En este sentido, la mayoría de las encuestas de opinión muestra una marcada preferencia por entregar un rol central a los expertos constitucionales en el diseño, cuidando que representen un universo amplio de posturas y sensibilidades. Asimismo, es fundamental que la duración del proceso sea acotada, pareciendo seis meses un plazo razonable.

Todo lo anterior supone un enorme desafío para los partidos políticos, que deben reivindicar su rol como canalizadores de la voluntad democrática, pero cuidándose de no cooptar el proceso, aumentando con ello la desafección ciudadana. Sin duda, esta segunda oportunidad exige equilibrios muy difíciles de alcanzar, pero que merece la pena intentar.