Prevención de delitos económicos

Desde hace un par de años, se han venido acumulando investigaciones penales que involucran a empresas de servicios financieros y de administración de activos, que no solo han puesto en la mira a altos ejecutivos por su eventual participación en los delitos investigados, sino que además han abierto cuestionamientos sobra la ética de los negocios y cómo estas sociedades abordan el cumplimiento normativo que les demanda el regulador.

Gobiernos corporativos débiles abren la puerta a la comisión de hechos que pueden enfrentar las más altas penas en delitos económicos.

Diversas causas datan, al menos, desde 2023 y están relacionadas con delitos de estafa, emisión de facturas falsas, apropiación indebida, administración desleal y fraude financiero, entre otros ilícitos, en los que el SII ha interpuesto las querellas respectivas. En estas investigaciones ha salido a la luz el uso de prácticas como el eventual pago a funcionarios para obtener información o para influir en las investigaciones. Y, junto a ello, un denominador común ha sido la evidencia del escaso conocimiento de los directorios sobre las operaciones que llevaban a cabo los ejecutivos investigados, particularmente en lo referido a emisión de facturas falsas, financiamiento irregular y entrega de información viciada.

Esta constatación es una alerta respecto de la necesidad de fortalecer el cumplimiento normativo y regulatorio más allá de la mera existencia de planes y políticas en que se comprometan tales fines, y que se extiende también a otros sectores económicos. En un entorno empresarial cada vez más dinámico y globalizado, la capacidad de identificar, priorizar y gestionar riesgos es esencial para evitar sanciones legales, proteger la reputación de las organizaciones y garantizar su sostenibilidad. Por el contrario, el costo de no implementar una adecuada cultura de cumplimiento puede derivar en multas multimillonarias, pérdida de contratos, litigios prolongados, desconfianza y, en casos extremos, el colapso total de la empresa.  Asimismo, es necesario que el regulador sitúe en su debida dimensión técnica y legal cada proceso, de manera de no generar expectativas de sanciones desmedidas como ha ocurrido en el pasado.

Gobiernos corporativos débiles o mal estructurados abren la puerta a la comisión de hechos que pueden enfrentar las más altas penas en delitos económicos, incluyendo la cancelación de la persona jurídica y la privación de libertad de sus más altos ejecutivos. La aplicación de leyes este tipo debieran ser motivo suficiente para que las firmas, de todos los tamaños, pongan dedicación a construir gobiernos corporativos eficaces en la prevención de estas conductas. Adicionalmente, una mayor ocurrencia de casos de corrupción entre privados puede incentivar a la autoridad a establecer y fijar más regulaciones sobre mercados e intervinientes, lo cual redundaría en algunos casos en mayor burocracia o mayores costos.