Presiones y leyes

El presidente de la República, secundado de sus ministros de Hacienda y de Energía y Minería, informó la semana pasada, para mucho en forma sorpresiva, del envío de un proyecto de ley tendiente a modificar los parámetros con que opera el llamado Sistema de Protección de los Precios de los Combustibles (Sipco). El objetivo perseguido por la autoridad es que el mecanismo se active en forma más efectiva y no como hasta ahora en que pese al alza de más de $ 50 registrada en dos semanas el sistema no operó. Para superar la situación, la idea sería ajustar las fórmulas de modo de anticipar la entrada en vigencia del Sipco, muy probablemente reduciendo el número de semanas que se usa en los cálculos para decidir si se dispara o no el mecanismo.



Hasta ahí las formalidades, ya que detrás de este anuncio subyacen aristas que justifican algunas preguntas de fondo. Una de ellas tiene que ver con el ejercicio de la política en el sentido de cuán solventes aparecen las autoridades frente a presiones y situaciones que pueden representar efectos políticos indeseados. Es efectivo que un alza de los combustibles impacta toda la cadena de precios, impulsando al alza la inflación y, muy probablemente, a la baja las expectativas económicas y la evaluación ciudadana en las encuestas. No obstante, es igualmente efectivo que hace unas semanas el país acaba de completar en el Congreso el debate que dio forma al mentado Sipco y que, es de suponer, allí se analizaron en detalle los alcances de los parámetros con que opera el sistema, tanto en lo que se refiere a las semanas de cálculo, como la banda de tolerancia. De ahí que resulte doblemente sorprendente que un sistema que, se presume, se elaboró teniendo en mente un horizonte de largo plazo sea modificado en tan cortísimo plazo.

Dado lo anterior, algunos expertos han planteado que toda esta situación lleva a dos posibles hipótesis: que el mecanismo fue mal pensado para responder a los cambios bruscos de precios de los combustibles o que, estando bien pensado, pareció prudente cambiarlo ante un escenario de presiones. Como sea, ambas alternativas no hablan bien, precisamente, de la calidad con que llevan a cabo las políticas públicas, ya sea elaborando leyes o implementándolas en el día a día. Un ejercicio interesante a este respecto sería identificar y cuantificar la frecuencia con que leyes y normas que se confeccionan en el país deben ser modificadas, ya sea porque no respondieron adecuadamente a la realidad o que no superaron la prueba de las presiones políticas, lo que quizás habla de lo feble que son las normas que se construyen con bajos niveles de consenso.