Prescindencia constitucional, otra oportunidad
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Durante la campaña por el plebiscito constitucional de salida el año pasado, el Gobierno adoptó una definición de “prescindencia” que, dijo, no suponía “neutralidad” respecto de ese proceso; defendió que autoridades y funcionarias hicieran campaña fuera de su horario laboral (predominantemente a favor del Apruebo); y realizó un despliegue supuestamente informativo claramente sesgado hacia la aprobación del texto propuesto por la Convención Constitucional.
El propio Presidente Boric acusó a los partidarios del Rechazo de no ofrecer una alternativa, y el ministro de la Segpres admitió que “todas las personas sabrán que somos más proclives a una opción”. El Gobierno, en suma, no fue prescindente en ese proceso electoral.
Es de esperar que el Gobierno entienda su rol y su responsabilidad de cara al nuevo plebiscito, como no lo hizo en el anterior.
Por cierto, estaba comprometido con dicho proceso constitucional de una forma en que jamás podría estarlo con el actual, ideológica y políticamente en las antípodas. Si antes varias de sus más relevantes figuras vincularon explícitamente el éxito del programa de gobierno al destino del proyecto de la Convención, ahora el énfasis está en los equilibrios y los consensos que maximicen el posible rango de apoyo ciudadano. De hecho, La Moneda ha sostenido que, en caso de que se rechazara una segunda propuesta constitucional, el actual oficialismo no impulsaría el inicio de un tercer proceso de reforma.
En vista de la polarización en torno a la propuesta constitucional en trámite, parece positivo que la vocera de Palacio recalque que “como Gobierno tenemos prescindencia y debemos respetar esa prescindencia respecto a los procesos electorales”. Dicha actitud es bienvenida, pero es de esperar que refleje genuinamente una convicción respecto del rol y la responsabilidad del Ejecutivo, y no la apatía y desinterés nacidas de la falta de sintonía política con el proyecto.
La próxima campaña previa a la votación de diciembre pondrá a prueba si el Gobierno ha sustituido la militancia por el desgano en su esfuerzo de difusión, o si en verdad se hace cargo de que los chilenos voten bien informados sobre cómo debe ser la próxima Constitución de su país.
