Peligrosas ideas para el Banco Central

 estas alturas del proceso de reforma constitucional, resulta obvio que, más allá de consideraciones técnicas o jurídicas, un número importante de convencionales entiende su labor como una de refundación o redefinición de instituciones fundamentales. El trabajo de comisiones como las de sistema político, forma del Estado, justicia o medio ambiente, por nombrar algunas, es clara prueba de ello, al punto de que parte sustancial (en algunos casos, preponderante) de sus propuestas ha sido rechazada en el pleno de la Convención, que ha pedido moderarlas.

Todo indica que la comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos comparte ese ánimo refundacional -que no es, por cierto, el mandato de la ciudadanía-, al tenor de sus propuestas para el Banco Central (BC). Entre otras cosas, no sólo saca al Presidente de la República del proceso de nombramientos, sino que las eventuales remociones dependerán del pleno de la Corte Suprema a solicitud mayoritaria de los propios consejeros o de un tercio de los diputados. Todo lo cual pone en seria duda la supuesta autonomía que, en teoría, conservará el ente emisor.

Asimismo, fijar inhabilidades e incompatibilidades para los consejeros 18 meses antes y después de ejercer el cargo, parece excesivo y una forma segura de excluir a muchas personas idóneas. La idea de designar a los consejeros a través del sistema ADP, en tanto, tiene mérito, pero sólo en la medida en que se respeten las lógicas del sistema (evitar los nombramientos "de confianza"), lo que no han hecho gobiernos de distinto signo.

Esto se suma a la discutible decisión de ampliar el mandato del BC hasta incluir temas tan ajenos a sus capacidades como la "diversificación productiva" o "la protección del empleo", entre otros, más propios del mercado.

Es un hecho lamentable, pero irrebatible, que el trabajo de la Convención Constitucional se ha desarrollado en forma tal, que la posibilidad de que se rechace su propuesta de texto en el plebiscito de salida ya es parte de la discusión pública.