La mesa de diálogo que se abrió entre el gobierno, trabajadores portuarios y las empresas ha surgido en un momento en que se intensificó la crisis del sector exportador e importador debido a la paralización de la actividad en los puertos.
La iniciativa surgió principalmente producto de los llamados a alcanzar una solución, realizados especialmente por los empresarios de compañías de todos los tamaños afectadas por la movilización. El problema es que se ha enfrentado a un bajo nivel de recepción, e incluso a la amenaza de un boicot por parte de los trabajadores portuarios de otros países.
Ciertamente ha habido esfuerzos por llegar a una salida, pero de todos modos la situación ha sido lamentable, con empresas serias y respetadas que han perdido contratos por sus incumplimientos de entrega de las mercancías. Asimismo, las empresas navieras ya han aducido fuerza mayor, con lo cual están dejando las mercancías en los puertos del sur e incluso en Callao, en Perú. Esto ha generando que los costos de transporte de las empresas se estén disparando, ya que deben asumir incrementos en los fletes de transporte terrestre, así como eventuales alzas en los precios de las navieras por inseguridad operacional. Pero sin duda, el golpe más fuerte es el que se ha dado a la imagen externa de nuestro país, cuya confiabilidad como destino portuario ha sido puesta en duda.
Es un hecho que el país no puede permitirse un daño de esta magnitud a la industria exportadora, que pierde competitividad y ganado prestigio. Es de esperar una urgente solución que permita retomar, a la brevedad, la normalidad de un sector vital para nuestra economía.