Nuevo paquete de ayudas económicas

El Gobierno comenzó el año anunciando siete “Nuevas medidas para la Seguridad Económica”, como apoyo social ante la compleja situación económica. Se trata de un mayor gasto de US$ 2.000 millones que, en las estimaciones del Ejecutivo, no produciría mayor presión inflacionaria por estar previamente contemplado en el erario fiscal.

Destaca un leve foco en la creación de empleo formal con la extensión del IFE Laboral y el Subsidio Protege, de tal modo de generar una fuente de ingresos permanente en las familias más vulnerables. Otro aspecto positivo es su focalización, considerando que quienes reciben SUF y Asignación Familiar (que a su vez también reciben Aporte Familiar Permanente y son quienes registran las cargas que serán apoyadas con el “Bolsillo Familiar Electrónico”) corresponden a las familias más vulnerables del país, las primeras en sufrir los efectos de la inflación y el desempleo.

Las medidas parecen hasta ahora bien orientadas. Aun así, el foco preferente debiese estar en una agenda de recuperación y crecimiento económico

Pero las medidas no están exentas de riesgos. El más evidente es la alta posibilidad de que apoyos excepcionales terminen siendo permanentes. El Bono Marzo, hoy Aporte Familiar Permanente, fue creado en marzo de 2009 para revertir excepcionalmente los efectos de la crisis subprime, transformándose en 2014 en un apoyo anual. Asegurar que su duplicación no será solicitada también de manera permanente sería una buena señal.

Los anuncios han estado virtualmente eclipsados por la compleja coyuntura política que marcó el inicio de año. De hecho, a la fecha sólo se ha presentado en el Congreso el proyecto de ley que crea garantías en construcción y apoyo a la vivienda. Por otro lado, el riesgo de presión hacia mayor universalidad de apoyos monetarios sigue presente, como demuestran los “autopréstamos” previsionales que han promovido integrantes del oficialismo, pese a que Hacienda se opone a la idea.

Las medidas parecen hasta ahora bien orientadas. Aun así, el foco preferente debiese estar en una agenda de recuperación y crecimiento económico que busque revertir la ya anunciada recesión, a la vez que reducir la elevada incertidumbre de diversos actores, tanto por las reformas en trámite con un potencial impacto negativo en la inversión como por el nuevo proceso constituyente.