Nueva crisis política en Perú

El gobierno de Pedro Castillo fue elegido el año pasado con la aspiración ciudadana -y la promesa electoral- de poner fin a un lustro de ingobernabilidad en Perú que ha visto pasar a cinco presidentes. En sus casi nueve meses de gestión, sin embargo, el propio Castillo ha enfrentado dos intentos de destituirlo por parte del Congreso, justamente porque la falta de gobernabilidad ha sido su principal sello -hasta ahora ha nombrado a cuatro gabinetes-, y porque ha reeditado muchas fallas de sus antecesores, en especial los escándalos de corrupción.

Castillo llegó al gobierno sin ninguna experiencia política ni administrativa previa, lo que se ha notado desde el inicio de su gestión.

Con todo, la actual crisis parece detonada por el particular mal manejo y mala lectura de un problema puntual, suscitado por un paro de transportistas contra el alza del combustible y protestas por el encarecimiento de los alimentos. La decisión de decretar un toque de queda en dos ciudades la noche del lunes, sólo para cancelarlo 15 horas después antes de su término previsto, fue tan sorpresiva como aparentemente inconsulta. El imprevisto encierro de 10 millones de personas generó una costosa y molesta disrupción de actividades, que lejos de aliviar las protestas, les dio un nuevo motivo e impulso.

Ello no solamente dio nuevos aires a la crisis en la calle, sino también a la crisis política, con acusaciones de inconstitucionalidad, autoritarismo y arbitrariedad, pero sobre todo, de incompetencia, pues su respuesta a las protestas únicamente consiguió avivarlas. Así, influyentes medios de prensa piden abiertamente la renuncia del Presidente, al igual que la oposición en el Congreso y parte de la opinión pública, lo que inevitablemente trae ecos de crisis anteriores.

Castillo llegó al gobierno sin ninguna experiencia política ni administrativa previa, lo que se nota en una gestión que se muestra a la deriva, con escaso control de la agenda y notoria falta de competencia en las tareas de gobernanza. Un crudo recordatorio, no solo para los peruanos, de que la retórica reformista y la promesa de renovación no son garantías de buen gobierno.