Editorial

Normalización del mercado eléctrico

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Recientemente la Comisión de Minería y Energía del Senado y el ministro de Energía alcanzaron un acuerdo de trabajo legislativo. El Ejecutivo se comprometió a ingresar un proyecto de ley durante octubre que permita crear un mecanismo de estabilización de precios de la electricidad, normalizar las tarifas de distribución gradualmente y abordar el pago de las deudas contraídas mediante los mecanismos de estabilización aprobados anteriormente (que bordearían los 5.000 millones de dólares).

Además, el Ejecutivo anunció para noviembre el ingreso de indicaciones al proyecto sobre transición energética para abordar aspectos como la reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios, medidas para acelerar las obras de expansión de transmisión urgentes, la licitación de sistema de almacenamiento de energía y la creación de un subsidio para clientes vulnerables.

Los precios de la electricidad deben reflejar los costos, pues lo contrario sólo genera distorsiones.

Habrá que esperar el trabajo de la mesa técnica para conocer los detalles de estas propuestas, pero cabe recordar que los precios de la electricidad deben reflejar los costos, pues lo contrario sólo genera distorsiones. Es atendible que en momentos extraordinarios (como fue el estallido y la pandemia) se tomaran medidas especiales, sin embargo, resulta preocupante que se pudiera insistir en un nuevo sistema de estabilización para seguir postergando lo inevitable. Es claro que sincerar los precios de golpe puede ser muy oneroso, pero ello podría amortiguarse con un subsidio focalizado y transitorio para la población más vulnerable.

En cuanto a las indicaciones al proyecto de ley de transición energética, cabría esperar cambios profundos. Se ha criticado bastante que los ingresos tarifarios, que pertenecen a los clientes, sean reasignados a generadores que tomaron decisiones erradas de inversión y comercialización. Igualmente, la licitación de almacenamiento propuesta en el proyecto de ley no sólo tendría que ser financiada por los clientes, sino que además desincentiva iniciativas privadas dispuestas a correr los riesgos de la inversión. De prosperar, entonces, debiera al menos quedar limitada a una iniciativa pública restringida y por una única vez.

El acuerdo es una oportunidad para volver a normalizar el mercado eléctrico, aunque no se puede descartar que la propuesta final siga postergando los ajustes necesarios por consideraciones más políticas que técnicas.

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