Lecciones del caso Dominga
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En una decisión unánime, el Primer Tribunal Ambiental (TA) de Antofagasta revocó la resolución del Comité de Ministros que rechazó hace más de un año el permiso ambiental del proyecto minero Dominga. En más de 248 páginas, el dictamen sostiene que las autoridades políticas infringieron los “principios de imparcialidad y confianza legítima”, resuelve que la iniciativa debe continuar su tramitación y hace un duro cuestionamiento al rol de los secretarios de Estado, a quienes adjudica actuaciones “ilegales”. Sin embargo, tras 11 años de tramitación, el futuro del proyecto de US$ 2.500 millones sigue siendo incierto.
El caso de Dominga es un ejemplo paradigmático del impacto que la permisología excesiva y la judicialización tienen sobre los grandes proyectos de inversión en Chile. Desde el descubrimiento de reservas de hierro y oro en La Higuera, han transcurrido 18 años. En 2013, el Estudio de Impacto Ambiental fue ingresado al SEA, que recién en 2017 recomendó su aprobación. Sin embargo, el mismo año, el Comité de Evaluación Regional de Coquimbo rechazó la Resolución de Calificación Ambiental. Desde entonces, la disputa entre la empresa y grupos ambientalistas ha escalado en una compleja batalla legal.
El fallo del Tribunal Ambiental subraya la urgencia de reformar un sistema regulatorio que paraliza inversiones clave.
El fallo del TA viene a ratificar cómo decisiones que involucran a grandes inversiones deben sustentarse en instancias técnicas, basadas en evidencia científica, tecnológica y financiera, con prescindencia de sensibilidades políticas. Sin embargo, la actual administración y otras en el pasado han dado señales contradictorias frente a grandes desarrollos, particularmente en materias ambientales, donde miradas conservacionistas chocan con la expansión económica.
En el caso de Dominga, en 2021, el Presidente Gabriel Boric declaró su rechazo explícito al proyecto y ayer, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien según el TA debió inhabilitarse al haber emitido opiniones previas contrarias, insistió en que el último dictamen “aún puede ser revisado” por la Corte Suprema. Algo, similar ocurrió en 2010, cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera, optó por reubicar Barrancones, aunque el proyecto contaba con respaldo técnico y ambiental
La tramitación de la reforma al SEIA por parte del Ejecutivo es un paso positivo; sin embargo, persisten dudas sobre su eficacia, pues las propuestas presentadas por el Comité de Expertos para reformar las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva) aún no encuentran acogida en las autoridades. En este marco, es atendible la mirada del ministro de Hacienda, quien ha llamado “a dejar que la institucionalidad funcione”.
El fallo del TA no solo expone graves responsabilidades políticas al declarar ilegales las actuaciones ministeriales, sino que también subraya la urgencia de reformar un sistema regulatorio que paraliza inversiones clave. Sin certeza jurídica y procesos expeditos, Chile pierde competitividad frente a economías más estables. Si no se actúa con decisión, los capitales seguirán migrando a destinos con mayor claridad y confianza, dejando al país rezagado en desarrollo y crecimiento sostenible.
