Las lecciones de la acusación contra Jackson

Para el Gobierno, la lección de la rechazada acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, es doble.

Por un lado, la misma que debió sacar del plebiscito constitucional de septiembre pasado: apostar a dividir y polarizar puede ser muy costoso políticamente, además de irresponsable. En su anterior rol como titular de la Segpres, encargado de las relaciones políticas con el Congreso, el ministro Giorgio Jackson no cultivó suficientemente bien vínculos que allanaran la agenda legislativa del Gobierno y su gestión generó escasas confianzas, incluso entre algunos sectores oficialistas.

Por otra parte, tanto la rechazada acusación contra Jackson como la que viene esta semana contra la ex ministra de Justicia por el caso de los indultos -de escaso sustento, dado que ya renunció al cargo-, distraen al Ejecutivo de las prioridades de gobernanza que la ciudadanía exige, como bien ilustran las encuestas.

Hoy gobernar es más difícil producto de los indultos y otros errores de gestión política; las acusaciones constitucionales contra dos ministros y la salida de otras altas autoridades son consecuencia de ello. La Moneda debe entenderlo, porque en última instancia, el costo de las desprolijidades lo pagan los ciudadanos.

Si el Gobierno continúa cometiendo errores, o impulsando agendas con más base ideológica que base técnica -como varias de las reformas-, tendrá menos capital político para encarar efectivamente dichos problemas prioritarios: delincuencia, crecimiento, empleo, inflación, salud, inmigración ilegal, educación. Y profundizará el desencanto y la desconfianza que reveló el estudio del CEP en diciembre pasado.

Es cierto que ha habido una creciente politización de la acusación constitucional en los últimos años, utilizada en demasiados casos para infligir daños al Gobierno de turno. Pero aunque el libelo contra el ministro Jackson pudo tener parcialmente ese cariz -él mismo incurrió en esa práctica en distintas ocasiones durante sus 10 años como diputado-, también refleja déficits políticos que la escasa aprobación ciudadana de su figura -como de otras altas autoridades y líderes del oficialismo- parece refrendar.

Hoy gobernar es más difícil producto de los indultos y otros errores de gestión política; las acusaciones constitucionales contra dos ministros y la salida de otras altas autoridades son consecuencia de ello. La Moneda debe entenderlo, porque en última instancia, el costo de las desprolijidades lo pagan los ciudadanos.