La (siempre) pendiente reforma a los notarios

n la edición del domingo pasado, un reportaje de DF Más dio a conocer la historia de estafas que por años protagonizó un grupo de cerca de veinte personas, liderado por un conocido abogado de Santiago y un ciudadano argentino con antecedentes por fraude en su país y en Chile, ambos detenidos. La red defraudó a numerosas personas y empresas por un total de $ 1.252 millones utilizando documentos adulterados, nombres y firmas falsas, y sociedades ficticias, entre otros engaños.

Un eslabón clave de esta operación delictual era la necesidad de acreditar papeles falsos o adulterados ante distintas notarías, para luego darles curso en tribunales, bancos y otras instancias. Si bien en un caso hubo colusión del empleado de una notaría, esa fue la excepción: por regla general los estafadores simplemente aprovecharon la falta o debilidad de los controles para "blanquear" sus documentos y poder así cometer sus delitos.

Es difícil no recordar, a la luz de lo anterior, el ejemplo de la reciente candidatura presidencial que logró inscribirse presentando más de 23 mil firmas ante un notario ya fallecido. La aparente facilidad con que pudo primero registrarse mediante engaño una candidatura a la Presidencia de la República fue un remezón para la opinión pública, y también un recordatorio de que la reforma al sistema de notarios ha sido de las más aplazadas -y resistidas- por décadas . Recién en 2017 se decretó, con gran polémica, crear 100 cargos adicionales de notarios y conservadores -luego reducidos a 90-, de los cuales 41 se encuentran suspendidos hasta hoy. De aprobarse, habría 508 en todo el país.

Junto con buscar reactivar ante Contraloría el decreto para nombrar a esos 41 notarios faltantes, el Gobierno impulsa en el Senado el proyecto -ingresado en 2018- para modernizar el arcaico sistema de nombramientos de notarios. Es poco probable que haya avances en una etapa tan tardía de la administración, y menos con una campaña electoral en ciernes. Con todo, este es el tipo de reforma institucional de fondo con innegable impacto positivo que el país necesita.