La prescindencia en duda

Ya antes de que finalizara el trabajo de la Convención Constitucional, el Gobierno había entregado señales confusas respecto de su deber de prescindencia en dicho proceso, por ejemplo, sosteniendo que dicha obligación no era sinónimo de neutralidad, o defendiendo que autoridades expresaran sus preferencias personales sobre los artículos que se iban conociendo -mientras lo hicieran fuera de su horario laboral-, con el argumento de que impedirlo suponía negar espacio a la legítima opinión política de cada uno.

Son muchos los episodios en que el Gobierno y el propio Presidente Boric han cruzado la línea entre informar y opinar sobre la nueva Constitución.

Justamente por ello la Contraloría consideró oportuno emitir, en abril pasado, un instructivo especificando que “prescindencia” significa “imparcialidad”, como había explicado su titular en días previos. Ahora que el texto de la propuesta constitucional está terminado y se está dando a conocer, Contraloría ha iniciado una investigación para determinar si la campaña de “información” desplegada por el Gobierno no infringe el deber de prescindencia, como han denunciado voces de la oposición y la sociedad civil.

Son muchos los episodios en que el Gobierno y el propio Presidente Boric han cruzado la línea entre informar y opinar. Basta recordar que el propio mandatario ha acusado a los partidarios del Rechazo de no ofrecer una alternativa, o cuando entrega ejemplares del texto y lee pasajes del mismo, como hizo este miércoles con el artículo sobre el deber del Estado de garantizar la salud, en una actividad para comunicar el nuevo plan de Fonasa. De igual forma, el despliegue de sus ministros en terreno difícilmente puede considerarse imparcial, pues como dijo hace unos días el ministro de la Segpres, “todas las personas sabrán que somos más proclives a una opción”.

Sostener que la prescindencia consiste únicamente en no decirle a la gente “cómo votar”, como también ha afirmado el ministro, resulta inverosímil. Es obvio que aclarar lo que el borrador constitucional dice o no dice es una forma tácita de respaldo. Es la sociedad civil, incluyendo a los partidos políticos, la que tiene esa misión, no el Ejecutivo.