Editorial

La prensa libre en democracia

El periodismo, por su esencia, cumple mejor su función cuando el Estado no busca tener injerencia en su ejercicio ni definir cuando éste es correcto.

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Diversos análisis, incluyendo el de este diario, han destacado el intenso sello estatista que tuvo la primera cuenta pública del Presidente Boric al país la semana pasada. Sin mencionar en parte alguna la idea de reformar el Estado ni hacerse cargo de sus muchas falencias, el discurso presidencial se mostró, sin embargo, decididamente partidario de acrecentar el alcance y la profundidad de la influencia estatal en gran diversidad de ámbitos.

La prensa no escapó de ese enfoque. Destacando el rol que juega un periodismo con diversidad de voces en el buen funcionamiento de la democracia, el mandatario anunció un convenio entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y tres universidades estatales para impulsar el pluralismo en los medios. Ese es, sin embargo, precisamente el tipo de intervención del Estado que, lejos de proteger la libertad de prensa y de expresión, la pone en riesgo.

Tal como ocurrió con el Consejo Nacional de Medios que intentó establecer sin éxito la Convención Constitucional, este tipo de iniciativas suele ser la antesala de un mayor control de la prensa por parte del Estado, y ese es el motivo por el cual la ciudadanía debe desconfiar de ellas.

Asimismo, el Presidente expresó el compromiso de “robustecer los derechos asociados a la comunicación e información” y de “vigorizar el ejercicio periodístico en un escenario medial diverso”. Lo cierto es que el periodismo, por su esencia, cumple mejor su función cuando el Estado no busca tener injerencia en su ejercicio ni definir cuando éste es correcto, como lo demuestra la evidencia comparada en regímenes democráticos y autoritarios.

Que el Presidente utilizara el doloroso caso de la periodista Francisca Sandoval para justificar la necesidad de un “mecanismo legal” que proteja a los trabajadores de la prensa es especialmente preocupante. La muerte de la profesional es parte de una creciente espiral de violencia durante actos de protesta en años recientes, a su vez producto de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, no sólo de los periodistas. Instrumentalizar este crimen es la peor forma de hacerle justicia a su víctima.

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