Inseguridad ciudadana: el Gobierno tiene la iniciativa

Si las políticas públicas de calidad tienen que fundamentarse en datos concretos que les den sustento, entonces no puede haber dudas de que el combate a la delincuencia debe ser la primera prioridad de las autoridades, por encima incluso de otros ámbitos relevantes como impuestos, pensiones, salud o educación. Poco sentido tiene discutir posibles enfoques y soluciones para estos problemas cuando, en la práctica, el notorio aumento de la inseguridad los ubica necesariamente en segundo plano.

El 60% de los encuestados en el más reciente estudio del CEP considera que el aumento de los delitos debe ser la principal preocupación del Gobierno, una percepción que corroboran en líneas generales otros sondeos. Las razones son claras y pueden encontrarse -de forma inquietante- en crudas estadísticas como las que recopila un informe de Libertad y Desarrollo a partir de datos del Sistema Táctico de Operación Policial, de Carabineros.

Se trata de cifras que dan “cuerpo” a la cada vez mayor percepción de inseguridad ciudadana. Sólo en 2022, ocurrieron en promedio dos homicidios, ocho violaciones, 35 “portonazos” o “encerronas” y 88 robos de vehículos al día a nivel nacional, la proporción más alta en los últimos ocho años, con importantes peaks en lugares como la Macrozona Norte y la Región Metropolitana.

Si los incomprensibles indultos presidenciales a personas con prontuario delictual confunden y preocupan a los ciudadanos, el énfasis del Gobierno en la hasta ahora fallida “mesa de seguridad” convocada por Interior distrae de lo esencial: son las políticas y proyectos de ley que impulse el Ejecutivo -y no la participación de la oposición en una mesa de trabajo- lo que determinará que se avance en eventuales soluciones a este problema.

El Gobierno debe hacer anuncios de medidas concretas en este ámbito, pues esa es su prerrogativa y, por cierto, su responsabilidad. Si al interior del oficialismo existen tensiones que dilatan una agenda proactiva en esta materia, como es bastante claro, corresponde al Ejecutivo resolverlas, o definir cómo avanzar si es que ello no es posible. La indefinición y la demora son, a estas alturas, inaceptables.