Indicaciones a ley corta de Isapres: oportunidad desaprovechada

El Gobierno dio a conocer las indicaciones a la ley corta de Isapres y, lamentablemente, los cambios presentados no muestran por parte del Ejecutivo un real compromiso con la sostenibilidad financiera del sistema privado de salud, dándole la espalda a la provisión mixta que la ciudadanía valora y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema completo.

En concreto, a pesar de provenir de un grupo transversal y de ser una propuesta robusta, que incluso contó con el apoyo de técnicos del mismo Ejecutivo, éste desestimó parte del informe del Panel de Expertos convocado por la Comisión de Salud del Senado. En lo medular, optó por no incorporar el principio de mutualización en el cálculo de las devoluciones por el fallo de tabla de factores, aun cuando dicho principio contaba (tanto en el informe como en expertos que lo avalan) con justificación jurídica y económica.

El sistema Isapre debe reformarse, pero para ello es deber del Ejecutivo evitar una crisis sistémica en salud.

La decisión del Gobierno implica que las devoluciones alcanzarían montos de aproximadamente US$ 1.000 millones, muy por sobre los cerca de US$ 450 millones estimados por el informe. Y si bien las indicaciones permiten incrementos justificados en el precio de los planes para buscar restituir el equilibrio financiero pre fallos de las isapres, éstos (en caso de ser autorizados por la Superintendencia, cosa también incierta) tendrían que ser de tal nivel que podrían empujar una fuga de asegurados a Fonasa, y con ello reducir y eventualmente desfinanciar al sistema asegurador privado.

Si a lo anterior le sumamos que las indicaciones no exigen que Fonasa mantenga intactas las condiciones de coberturas y tratamientos a quienes deban migrar de las Isapres, podemos concluir que la propuesta del Gobierno no sólo da la espalda a la provisión mixta, sino que tampoco cumple con el principio básico que debió inspirarla (el cumplimiento de los fallos), con el necesario resguardo de las coberturas y tratamientos de las personas y la sostenibilidad del sistema de salud.

Existe amplio consenso de que el sistema Isapre debe reformarse, pero para ello es deber del Ejecutivo evitar una crisis sistémica en salud. La tramitación de la ley corta se encuentra recién en primer trámite legislativo. El Gobierno aún está a tiempo de enmendar el rumbo.