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Alto contrasteImpuesto al patrimonio, ¿lógica electoral?
Alrededor del mundo, son mayoría los Estados que enfrentan considerables desafíos financieros —en algunos casos, como Chile, sin precedentes— debido a la pandemia del Covid-19. En especial, la combinación de fuerte aumento del gasto público para hacer frente a la emergencia y de menor recaudación fiscal debido a la paralización de buena parte de la economía, está produciendo una merma de ingresos fiscales que además de generar presión financiera, también se traduce en presiones políticas.
La renovada discusión en muchos países sobre la implementación de impuestos al patrimonio (o “a la riqueza”) obedece, en gran medida, a este contexto de extraordinaria exigencia sobre las arcas fiscales. La consiguiente presión política ayuda a explicar por qué los impulsores de este gravamen omiten que, en la experiencia comparada, no ha servido su principal objetivo (aumentar la recaudación tributaria) e incluso ha alentado externalidades negativas (mayor elusión y contracción de la base impositiva). Al punto de que varios países que fueron firmes partidarios del impuesto al patrimonio, luego lo han revertido, como consignó un informe de la OCDE en 2017.
La propuesta en el Congreso chileno contempla un impuesto de 2,5%, por una sola vez, a unas seis mil personas con más de US$ 22 millones de dólares de patrimonio, a fin de recaudar alrededor de US$ 2.600 millones de US$ o 2,3% del PIB. En perspectiva, al Fondo Covid de emergencia se destinaron US$ 12 mil millones, por lo que más que conseguir un impacto transformador y de largo plazo en las arcas fiscales, la iniciativa deja entrever el objetivo político de plantear un “impuesto a los ricos” en un año de sucesivas elecciones.
Como dijo un ex ministro de Hacienda del gobierno anterior, “los políticos están jugando a la caza del tesoro. Tienen la idea de que hay mucho dinero en alguna parte. Que puedes llegar hasta ahí, puedes gravarlo y no tiene efecto y luego resolvemos todo (...) Es una especie de herramienta muy cómoda, puedes prometer un montón”.
De ser cierta, esa es una lógica muy distinta a la que necesita el Estado chileno para cumplir su función de gastar bien (¡gastar mejor!) el dinero de los contribuyentes.
